Buenos negocios podrían estar haciéndose al amparo de la ley de reconstrucción post sísmica. Este es solo un ejemplo.
Un caso vinculado a la reconstrucción, que suena a corrupción, fue alertado por vecinos de Polanco. Podrían intervenir en él una cadena de autoridades, desde la Comisión de Reconstrucción, hasta la alcaldía.
Pero si alguien debe dar explicaciones urgentes, y no ha querido hacerlo, es el titular del Instituto de Seguridad de las Construcciones, Renato Berrón, un funcionario que por casi una década, ha estado al frente de esta dependencia encargada de certificar que los edificios de la ciudad sean habitables y no presenten daños estructurales.
En una zona de la ciudad en la que prácticamente no se registraron daños durante los sismos, sorprende que Berrón haya firmado al menos tres dictámenes en los que recomienda demoliciones: un edificio en la calle Moliere 88 y dos predios en Julio Verne 83 y 85. ¿El argumento? Que estaban en “alto riesgo de colapso”.
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Basta con revisar las fotografías del edificio (aparecen en mi cuenta de Twitter @HernanGomezB) o caminar por ahí, para comprobar la falsedad. Evidentemente, hay una irregularidad que se suma a otras observadas en las tareas de la reconstrucción en la capital, desde tiempos de Mancera.
Berrón se negó reiteradamente a conversar con el autor de esta columna; su oficina envió una nota que no aclaraba nada y se negó a aportar las evidencias de supuestos daños. Una fuente consultada en la Comisión de Reconstrucción de la Ciudad de México aportó una serie de documentos incompletos y que nada esclarecen. Ante mi insistencia dejó de responder mensajes.
¿Por qué se ordenó la demolición de estos predios? Después de los sismos, los diputados aprobaron una norma que permite demoler edificios dañados y construir hasta un 30 por ciento más de la superficie permitida. La medida estaba pensada para familias en situación de vulnerabilidad, no para que ciertos empresarios hagan negocios, como podría estar ocurriendo con el favor de diversas autoridades.
El meollo del asunto es que, al acogerse a la ley de reconstrucción para llevar a cabo demoliciones de este tipo, el propietario de un inmueble puede obtener incentivos fiscales y, especialmente, agregar el 30 por ciento de la superficie construible en una de las zonas más caras de la Ciudad de México.
Siendo muy conservadores, el metro cuadrado en esa zona de Polanco cuesta unos 6 mil dólares. Por la superficie extra de los dos predios ubicados en Alejandro Dumas, un particular podría obtener un lucro adicional de al menos 4 millones de dólares, suficiente para pagar comisiones a autoridades en distintos niveles, las cuales deben ser investigadas.
La Voz de Polanco, una organización vecinal, alertó sobre estos hechos, y aunque en el caso de Moliere 88 ya era demasiado tarde, logró detener el intento de demolición de los dos predios en Alejandro Dumas. De otra forma, los predios hubieran sido demolidos.
No deja de ser interesante que, cuando el autor de esta columna visitó el lugar, había carteles que anunciaban la demolición. Sin embargo, tan solo al día siguiente de consultar con la Comisión de Reconstrucción los carteles habían sido misteriosa y velozmente retirados. Todo suena muy extraño.
POR HERNÁN GÓMEZ BRUERA
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@HERNANGOMEZB
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