Como un acuerdo de cooperación para integrar productivamente y hacer más competitiva a la región de América del Norte, el primero de julio de 2020 entró en vigor el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), cuya asociación económica representa 6.5 por ciento de la población mundial, 18.3% del Producto Interno Bruto global, y genera 15.9 por ciento del comercio del planeta.
En el contexto actual por el que atraviesa el sector de hidrocarburos en México, donde el Congreso de la Unión ha aprobado reformas en la materia, es pertinente traer a la memoria como México negoció la inclusión de este componente estratégico en el T-MEC.
En el capítulo 8 del Tratado se establece justamente el reconocimiento del dominio directo y la propiedad inalienable e imprescriptible de México sobre sus hidrocarburos; por un lado, las partes firmantes confirman su pleno respeto por la soberanía y su derecho a regular este sector, de conformidad con sus respectivas Constituciones y derecho interno, en ejercicio de procesos democráticos.
Por otra parte, tanto Estados Unidos y Canadá reconocen que México se reserva su derecho soberano de reformar su Constitución y su legislación interna; y el dominio directo y la propiedad inalienable e imprescriptible de todos los hidrocarburos en el subsuelo, plataforma continental y la zona económica exclusiva marítima, en mantos o yacimientos, cualquiera que sea su estado físico, de conformidad a su Constitución.
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Es relevante recapitular este apartado del T-MEC, ante la misiva del pasado 5 de mayo, del Instituto Americano del Petróleo (API), principal gremio petrolero estadounidense, que envía a distintas dependencias del gobierno de Estados Unidos: Secretaría de Estado, Secretaría de Energía, Secretaría de Comercio y Representación Comercial, donde acusan al gobierno mexicano de cambiar los fundamentos energéticos, impulsando reformas en materia eléctrica y de hidrocarburos, supuestamente para favorecer a Petróleos Mexicanos y a la Comisión Federal de Electricidad, en detrimento de empresas privadas estadounidenses, acusando de violar el acuerdo trilateral.
Sin embargo omiten señalar que, en dicho acuerdo, está claramente establecido que los tres países firmantes respetan sus derechos soberanos de reformar su Constitución y su legislación interna en la materia; además, contempla diversos dispositivos para dirimir controversias.
En México sus derechos, libertades e inversiones están tutelados, al tener la posibilidad de recurrir al amparo; cosa que dudo hagan su país de origen, donde el gobierno de Joe Biden echó abajo regulaciones de la administración anterior que beneficiaban a petroleros de EU.
Por ejemplo, el Senado estadounidense restableció Normas de Desempeño de Nuevas Fuentes de Petróleo y Gas Natural, que el gobierno de Trump eliminó.
POR MANUEL RODRÍGUEZ GONZÁLEZ
DIPUTADO FEDERAL/ PDTE. DE LA COMISIÓN DE ENERGÍA
PAL