A nadie le gusta pagar impuestos, mucho menos en tiempos de incertidumbre económica y sanitaria como los que se viven hoy. Pese a ello, son necesarios e indispensables, sobre todo en la coyuntura que la humanidad enfrentará en los años siguientes. Pagar impuestos significa para muchos países tener un techo de inversión o reinversión en obras que atraigan flujo de capitales y generen más prosperidad.
Aunque en muchos casos, esta situación pudiera ser todo lo contrario. Podría significar el motivo de amplias divisiones en el seno de una sociedad.
En México, gravar el patrimonio neto de los más adinerados generaría 4 mil 912 mdd, cifra apenas por debajo de lo que recaudarían Chile y Brasil por este concepto, de acuerdo con estimaciones de la Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social. Gravar con entre 2 y 3.5% las grandes fortunas, pertenecientes al 0.1% de la población con más riqueza, sería suficiente para extender un ingreso de salario mínimo anual hasta para un millón 800 mil personas, casi uno de cada cinco de quienes viven en pobreza extrema en el país, según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.
No se trata de quitar recursos para darlos a otros, sino de establecer mecanismos de redistribución del ingreso que permitan generar condiciones de desarrollo para más personas, con la finalidad de incrementar la base fiscal existente. Un país con más entradas de recaudación fiscal y más contribuyentes tiene mejores servicios y genera mayor riqueza.
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La necesidad de gravar la riqueza se abre paso ante los estragos que evidenció la pandemia de Covid-19. Porque la economía mundial ha entrado en un proceso de letargo. Organismos internacionales, como el Fondo Monetario Internacional, se han pronunciado por impuestos “temporales” al patrimonio para financiar las políticas de emergencia; organizaciones sociales en México, como Fundar, sostienen que lo ideal sería que fueran tasas permanentes para reducir la desigualdad.
Si bien las disparidades económicas se replican en el mundo, tienen su mayor expresión en América Latina. De acuerdo con los más recientes estudios de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, con series de la World Inequality Database, 1% de la población en la región concentra una cuarta parte de los ingresos totales de esta parte del globo terráqueo.
En México alcanza hasta 27.77%. Casi un tercio. Por lo tanto, si la administración encabezada por el Presidente de la República desea llevar a cabo un cambio de régimen, como tantas veces ha mencionado, es prioritario cristalizar esta clase de procesos que ayuden a dinamizar la circulación de capitales, generando mayores oportunidades de desarrollo. No se puede continuar con una brecha histórica del tamaño de la desigualdad que prevalece en el país.
Por LUIS MIGUEL MARTÍNEZ ANZURES
PRESIDENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
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