Todos los seres humanos son iguales ante la ley, y ésta es la norma obligatoria que rige la conducta entre los pares. El mundo moderno, la democracia y el estado de derecho se basan en este principio que evita que cada quien interprete a su propio juicio la realidad y actúe en consecuencia. La leyes, hechas por personas, tienen por lo tanto la posibilidad de ser interpretadas de distinta forma, y para ello los especialistas en el orden jurídico emiten opiniones y dictámenes con visiones y juicios diferentes.
Pero lo que no se puede hacer es sustituir la ley por la acción de lo que cada quien interpreta como justicia. Cuando el diputado morenista Ignacio Mier declara: “el derecho es de los conservadores, no nos pidan optar por el derecho”, en relación a la disposición constitucional que limita a cuatro años la duración en el cargo para un ministro de la Suprema Corte de Justicia, nos obliga a regresar al concepto de la “justicia revolucionaria” en donde el fin justifica los medios y el poder del gobernante se impone sobre cualquier derecho individual.
Si la ley máxima establece que ningún ministro de la Corte sobrepase los cuatro años de gestión, el margen de interpretación legal es prácticamente nulo, y la justificación para el alargamiento de la presidencia de Zaldívar que se basa en los atributos personales del ministro, no representa argumento alguno para anular la ley, aunque a algunos les parezca un acto indispensable en aras de un mejor sistema de justicia.
Sostener, como lo hizo Zaldívar en una entrevista radiofónica, que la extensión de su mandato presidencial es una medida que no alarga su permanencia en la Corte sino únicamente “su gestión administrativa”al frente del órgano, es una aberración legal ya que resulta imposible continuar siendo presidente y no ser al mismo tiempo miembro de la Corte por dos años más.
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El grave problema de Arturo Zaldívar no es que haya sido sorprendido por el artículo transitorio incluido en la reforma judicial, sino que jamás advirtiera que su extrema cercanía con el Presidente Lopez Obrador, implicase el convertirse en una ficha más del ajedrez político del tabasqueño.
Zaldívar, nombrado por Felipe Calderón, se distanció del entonces primer mandatario y lo confrontó en varias ocasiones. Pero su coincidencia política con AMLO lo llevó a convertirse voluntaria o involuntariamente, en la pieza más importante de la 4T para asumir el control del poder judicial.
Estamos a punto de volver a ver a la Suprema Corte de Justicia de la Nación como un órgano dependiente del Ejecutivo y ajeno a lo que, en 1994 representó su transformación como ente autónomo.
Por EZRA SHABOT
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