Es evidente que el ministro Zaldívar sabía lo que se fraguaba para prolongar su mandato. Casi con toda seguridad lo acordó junto al presidente o a su consejero jurídico, con quien cada vez tiene una relación más cercana. El tema se escuchaba por los pasillos del Poder Judicial desde hacía semanas.
El ministro no solo es un abogado talentoso y reconocido, también un político muy ambicioso y profesional. De esos que operan en las grandes ligas del poder económico y político; que saben ganarse el favor de los medios y decirle a cada interlocutor lo que quiere escuchar.
El argumento de que ampliar el mandato del hoy presidente de la Corte es necesario para asegurar el éxito de la reforma al poder judicial es una maroma poco creíble. Ni se trata de una reforma especialmente ambiciosa ni ha sido una gran prioridad para el presidente de la República.
La operación para ampliar su mandato conviene a Zaldívar y a AMLO. Al primero, por razones obvias. Ningún ministro quiere pasar sus últimos años como un ex presidente de la Corte, ocupar una oficina pequeña o ser mal tratado y condenado a la irrelevancia. No al menos alguien como Arturo Zaldívar.
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Del lado de López Obrador, el ministro ha resultado útil a su proyecto. Ha optado por posponer la resolución de un gran número de temas que han llegado en contra de la 4T y su presencia garantiza que se sigan pateando, al no tener un plazo para resolverse.
Para el presidente, la presencia de Zaldívar es necesaria, además, porque está viendo con creciente preocupación el comportamiento de algunos jueces que --de la mano de ciertos intereses económicos--, parecen empeñados en obstaculizar las reforma de la 4T y están dispuestos a extralimitarse en sus funciones.
El mejor ejemplo es el caso del juez Juan Pablo Fierro, quien el mes pasado, ante la solicitud de amparo de un particular decidió conceder un amparo total que dejó sin efectos la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, algo que normalmente solo puede hacer la Suprema Corte.
El hecho probablemente irritó al presidente de la República y lo alertó: necesitaba tener al frente del Poder Judicial un perfil con el suficiente carácter para poner en cintura a los jueces, lo que los otros tres ministros cercanos a la 4T difícilmente podrían hacer.
No está de más recordar la experiencia negativa que han tenido otros gobiernos de izquierda en América Latina ante un poder judicial dominado por intereses económicos y grupos conservadores ideologizados que podrían proceder en contra del propio gobierno o del presidente. Zaldívar, en ese sentido, sería la vacuna ante un eventual lulazo.
La jugada no ha salido bien. La operación Zaldívar ha generado una enorme tensión en el seno del poder judicial, lo ha debilitado, y es poco probable que prospere en la Corte.
POR HERNÁN GÓMEZ BRUERA
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