Apenas a finales del siglo pasado, las democracias habían conseguido en términos formales colocar al ciudadano como el centro de la existencia del Estado y sus instituciones. Sin embargo, el ciclón de la globalización ha causado nuevos desastres: la política y sus urgencias antidemocráticas se mezclan con los poderes agigantados de las nuevas tecnologías y amenazan el concepto del Estado clásico democrático. La vetusta vocación de poder total y los efectos instantáneos de la “digitalidad” en explosivo maridaje están propinando duras embestidas a la idea democrática contemporánea.
Paradójicamente, en “la era de la información” la desinformación o las fake news se propagan y adormecen los sentidos de las sociedades que aturdidas por el ruido público prefieren refugios aparentes como el rechazo al deber cívico o la fuga del Estado y sus contornos de autoridad, sea por desgano o abulia o sea por buscar salidas indebidas como la pertenencia al crimen organizado o la anarquía.
En una atmosfera democrática o de libertades, esas expresiones de todo tipo, algunas se engloban en fake news y otras ni pueden ser catalogadas, pero podrían caber dentro del amplio saco: “libertad de expresión”. Lo que nos ocupa es despejar si las invectivas o declaraciones sin sustento las pueden hacer las autoridades en el ejercicio del mandato, pero dirigidas en perjuicio de otras dependencias o instituciones. En síntesis, si puede haber fuego cruzado de falsedades entre el poder público.
A estas alturas las instituciones y/o las dependencias públicas resultan afectadas por aseveraciones falsas vertidas por actores sociales en los medios y las redes sociales y en periodo electoral eso aumenta por parte de los candidatos a puestos públicos (sin embargo, los candidatos no son servidores públicos en funciones).
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Por lo pronto, jurídicamente, no es claro que las organizaciones o corporaciones públicas puedan resultar difamadas o calumniadas; en cambio sí, definitivamente, los políticos, los líderes sociales y los funcionarios públicos, los que pueden defender su inocencia, honor, prestigio o reputación a título personal por las vías tradicionales. Por eso, usaremos el elástico término: “infamadas” para reflexionar si las instituciones y las dependencias pueden sufrir esa suerte de menoscabo y luego ir a encontrar si se podría identificar como algo semejante a las figuras delictivas: difamación y calumnia, respectivamente.
En concreto, cuando la subestimaciones e increpaciones o acusaciones sin sustento en contra de otras dependencias o instituciones públicas provienen de otras instituciones y peor aún de cualquiera de los poderes públicos. Durante los tormentosos cuatro años de la presidencia de Donald Trump los comportamientos democráticos en esa nación se fueron encogiendo a niveles alarmantes y el “estilo personal de gobernar” del ahora ex presidente de Los Estados Unidos de Norte América proveyó de un aluvión de prácticas deleznables incluidas las de arrojar vituperios a las instituciones públicas o entidades gubernativas que no se colocaban solícitas y obedientes a sus desplantes y caprichos propios de un déspota, lo peor, elegido por la vía democrática.
La discusión seguirá pero antes de aquello, el investigador mexicano Luis Ángel Rodríguez, experto en tecnologías de la información y sus implicaciones en las administraciones públicas, propuso crear un “Polígrafo Digital” para ofrecer una vía de defensa a personajes públicos defenestrados por infundios provenientes de los medios y las redes sociales, pero recientemente, me confió que acaso su propuesta sea útil para aliviar a las instituciones y dependencias y esa cuestión me motivó a plantear aquí si es posible darle cauce.
POR FRANCISCO ACUÑA LLAMAS
ANALISTA Y CATEDRÁTICO DE LA UNAM
PAL