Decía Steven Smith, profesor de filosofía política en la universidad de Yale, que el valor de estudiar los textos clásicos no es por las respuestas que ofrecen, sino por los problemas que plantean. Y es que, pese al paso de los siglos, cuando se trata de cómo gobernar, los humanos seguimos enfrentando las mismas dificultades y peligros.
Sucede así con el asunto de la justicia. En las sociedades democráticas, ésta se asimila al derecho: todo mundo está sujeto a las mismas leyes que aplican jueces imparciales; votamos por quienes las promulgan y sabemos de antemano qué esperar si las cumplimos o las desobedecemos.
Pero hay una interpretación más primitiva de la justicia, que es autoritaria y siempre está acechando para regresar e imponerse. En La República, Platón utiliza al sofista Trasímaco para exponer esta otra definición: “justicia es lo que el fuerte dice que sea”. Es decir, lo justo es lo que al dictador le convenga o lo que las masas impongan por encima de las leyes, de la razón, de las minorías y del derecho.
Esta forma autoritaria y caprichosa de interpretar la justicia es la que el gobierno de López Obrador se ha esforzado por restaurar en México. El ejemplo más reciente ocurrió cuando, de forma inconstitucional, el obradorismo aprobó la ampliación de mandato del presidente de la Suprema Corte y de los miembros del Consejo de la Judicatura, en una evidente violación a la Constitución. En esta ocasión, Ignacio Mier, coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, se quitó la máscara y, como Trasímaco, señaló que para la camarilla gobernante el derecho es un estorbo y la justicia, que es la voluntad del poderoso, está por encima de la norma.
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A ellos los rige la ley del más fuerte. Recordemos que el gobierno ya quitó a un ministro, en un proceso irregular, mediante el chantaje político; que han mandado turbas a la Suprema Corte para intimidar a sus integrantes; y que, cotidianamente, el propio presidente amenaza a los jueces que no se pliegan a sus dictados, aunque ello implique violar la ley.
A lo anterior se suman otros atropellos en nombre de una supuesta “justicia”, como las consultas populares simuladas para imponer los deseos presidenciales o las votaciones amañadas en el Congreso por parte de Morena, como la que validó ilegalmente a la titular de la Comisión de Derechos Humanos. Tampoco es el primer contrapeso que atacan: el acecho en contra del INE es cada vez más peligroso y agresivo.
El asunto es que para Obrador y sus cercanos, cualquier cosa que los limite es ilegítima, pues son ellos, que son los más fuertes, quienes tienen el monopolio de lo “justo”. Este es, ni más ni menos, que el camino hacia el autoritarismo, pues estar por encima de las leyes y fuera de cualquier control institucional es simple y sencillamente aspirar a la tiranía.
El obradorismo ya se quitó la máscara: su ruta es la de destruir lo más elemental que tenemos que es contar con un sistema donde ni el más fuerte esté por encima de la ley. La última aduana para evitarlo es la elección del 6 de junio, donde aún existe la posibilidad de generar un dique de contención en la Cámara de Diputados para frenar a los Trasímacos de hoy: esos que anhelan vivir en la ley de la selva.
POR GUILLERMO LERDO DE TEJADA SERVITJE
DIPUTADO CIUDADANO EN EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
@GUILLERMOLERDO
dza