En las últimas décadas el robo y el contrabando de combustible se ha incrementado sustancialmente, según Petróleos Mexicanos (PEMEX), en el año 2020, la delincuencia organizada robó en promedio 4 mil 400 barriles diarios de combustible, mientras que, en el 2019, el robo de combustible fue de 5 mil barriles diarios en promedio, mientras que en el 2018 fue de 56 mil barriles, afectando las finanzas de PEMEX.
El sector energético en México, en específico el de hidrocarburos, es una pieza fundamental para el desarrollo social y económico de nuestro país, representa la palanca del desarrollo nacional que detona un efecto multiplicador en la economía nacional a favor de todas y todos, no obstante, en México existe una desigualdad en el acceso a la energía que se deriva principalmente de la corrupción y de diversas actividades ilícitas.
Las circunstancias que se presentan en un entorno tan cambiante como en el que se desenvuelve este sector, exigen de la adaptación de normas, a fin de satisfacer las demandas sociales, pero sobre todo cuidar y no lesionar a los usuarios finales y sus bolsillos.
Por lo que es imperativo el fortalecimiento de las empresas productivas del Estado mexicano como garantes de la seguridad, así como la soberanía energética, estableciéndose como uno de los objetivos de la administración del presidente López Obrador, garantizar el suministro de hidrocarburos y petrolíferos.
El 26 de marzo pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió al Congreso una iniciativa que busca reformar diversas disposiciones de la Ley de Hidrocarburos, para reordenar bajo la rectoría del Estado con los principios de la soberanía y la seguridad nacional.
Dicha iniciativa tiene por objeto reformar y adicionar diversas disposiciones a la Ley de Hidrocarburos a fin de establecer losiguiente: a) Elevar a rango legal las disposiciones normativas establecidas en la política de almacenamiento mínimo de Petróleos. b) Establecer que los permisos que se otorguen a Petróleos Mexicanos, a otras empresas y a particulares demuestren que cuenta con la capacidad de almacenamiento. c) Modificar el silencio administrativo en el caso de la secretaria de Energía o de la Comisión Reguladora de Energía, para que en el supuesto que haya transcurrido el plazo para la expedición de los permisos, se entienda que la respuesta de la autoridad es desfavorable para el solicitante. d) Fortalecer los procedimientos sancionadores y erradicar las conductas y hechos delictivos en materia de hidrocarburos, que afecta la economía las familias mexicanas, razón por la cual se pretende robustecer el marco normativo para elevar las sanciones de reincidencia.e) Evitar que los consumidores reciban una cantidad de combustible inferior a la que pagaron. Revocación de permiso de operación para los que reincidan en la ejecución de las siguientes conductas contarías a la ley: 1. El incumplimiento de las disposiciones aplicables a la cantidad, calidad y medición de hidrocarburos y petrolíferos. 2. Modificación de las condiciones técnicas de sistemas, ductos, instalaciones o equipos sin la autorización correspondiente. f) Facultar a la Secretaria de Energía y a la Comisión Reguladora de Energía, para revocar los permisos establecidos en la ley de Hidrocarburos cuando los titulares de estos cometan delito de contrabando de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, y este haya sido determinado por resolución firme de la autoridad competente. g) Fortalecer a la Secretaria de Energía y la Comisión Reguladora a fin de que cuenten con mecanismos adecuados para asegurar que, en el ámbito de sus respectivas competencias, puedan suspender los permisos expedidos, cuando se prevea un peligro inminente para la seguridad nacional, la seguridad energética o para la economía nacional. h) Brindar certeza legal a fin de que la autoridad que haya expedido un determinado permiso sea quien integre y tramite el expediente de suspensión, expresando las razones y la afectación en caso de que continúe la ejecución, i) Dotar de seguridad jurídica al permisionario, previendo que este podrá solicitar la terminación de la suspensión, cuando demuestre que las causas que ocasionaron ya fueron subsanadas y que estas no se hayan originado en ilícitos penales o infracciones administrativas.
Todo con el objetivo de desincentivar diversas prácticas relacionadas con el comercio ilícito de hidrocarburos y petrolíferos. Así como, reordenar diversas actividades económicas en el sector energético con el fin de combatir la corrupción, garantizar el abasto: con la intención de proteger la economía nacional, al pueblo de México y los ingresos que percibe el Estado.
POR ROCÍO ABREU ARTIÑANO
SENADORA DE MORENA
@ROCIOABREUA
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