La democracia mexicana vive los momentos más peligrosos de su joven existencia. Desde 1997, cuando el PRI perdió su mayoría en el Congreso, no habíamos enfrenado una amenaza tan poderosa y grave al Estado Mexicano. El avasallamiento del titular del Poder Ejecutivo a los otros dos Poderes de la Unión: el Legislativo y el Judicial.
Hoy vemos cómo Andrés Manuel López Obrador pasa por encima de la Constitución y las Leyes. Sí, las mismas que juró cumplir y hacer cumplir cuando protestó como Presidente de la República sin que la Nación se lo haya demandado aún. En su concepto, la Ley es él y la justicia debe ceñirse a sus deseos, ideas, intereses o ignorancia.
El linchamiento político que López Obrador inició desde hace meses contra el Instituto Nacional Electoral es solo un paso más de su estrategia para refundar un país que sólo existe en su cabeza. El problema es que el INE se ha quedado solo, como único garante de elecciones limpias, transparentes y democráticas. Hoy, el INE se ha quedado solo. Nadie más lo respalda en esa defensa que debería ser de todos. La oposición no existe. El Poder Legislativo es un empleado más de López Obrador. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación está postrado ante la 4T.
Andrés Manuel López Obrador está cumpliendo paso a paso su iracundo desafío del 2 de septiembre de 2006 cuando mandó al diablo a sus instituciones. Hoy es el Presidente de la República más poderoso de la historia moderna. Encabeza un gobierno militarizado, porque las Fuerzas Armadas son la única institución intocable y que le interesa conservar de su lado.
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Morena y sus legisladores son el instrumento para exterminar al árbitro electoral sin que nada, ni nadie parezca capaz de evitarlo. Mario Delgado y Félix Salgado fueron los primeros en pedir abiertamente la desaparición del Instituto Nacional Electoral. López Obrador lo ha acusado múltiples veces de corrupto, pero no lo ha probado nunca.
Gerardo Fernández Noroña, otro lacayo presidencial, solicitó juicio político solo contra los consejeros electorales Lorenzo Córdova y Ciro Murayama, aunque fueron siete, primero, y seis, después, los consejeros que aprobaron anular las candidaturas morenistas que violaron la Ley Electoral. Para AMLO, el INE no debe desaparecer, sino transformarse con la única misión de cumplir sus deseos.
BON APPÉTIT
Rubén Rocha Moya, candidato a gobernador de Sinaloa por Morena, comenzó a dar muestras de preocupación por el ascenso en las encuestas de su principal contrincante, Mario Zamora Gastélum, del PRI, PAN y PRD.
Ya comenzó a ver enemigos en todas partes y a victimizarse. Primero, se peleó con los reporteros sinaloenses que en una conferencia de prensa lo cuestionaban por la toma de casetas. Los acusó de ser defensores del régimen -¿cuál?- cuando quedó exhibida su ignorancia sobre las penas de cárcel que estableció la 4T contra quienes tomen carreteras y casetas.
También acusó a su antiguo jefe, el gobernador Quirino Ordaz, de orquestar una campaña negra en su contra. En lugar de buscar culpables afuera, Rocha Moya debería preguntarse qué está haciendo mal, por qué está cayendo en las preferencias electorales.
Por ALEJANDRO CACHO
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