Hace unos días se aprobaron en el Senado de la República las leyes reglamentarias de la reforma constitucional al poder judicial, que buscan eliminar la corrupción entre jueces y magistrados así como en nepotismo en los órganos judiciales. Sin embargo, se incluyó de manera sorpresiva un artículo transitorio que amplía el mandato del presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar y de los integrantes del Consejo de la judicatura por dos años más.
Independientemente de las intenciones políticas que este acontecimiento podría representar, se trata de una reforma que contradice lo asentado en el articulado de la Constitución. Estoy consciente que en ocasiones la ambigüedad da campo a la interpretación y eso no exime a las leyes, no obstante, no se trata de un artículo que de pie a la polémica sobre su lectura. En ese sentido el juez presidente debe durar en el cargo hasta por cuatro años sin la posibilidad de reelección.
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Se trata de una norma fundamental si consideramos la importancia que tiene la rotación en los puestos públicos para evitar corrupción y otros malos manejos, los cuales tanto se presume están siendo eliminados. Esta ley, ni cualquier otra, debe estar sujeta a los intereses de funcionarios que pretenden hacerla a la medida.
Veo con gran preocupación como la Constitución se convierte más en un contratiempo que en una garantía de equidad, protección y certeza jurídica tan necesaria en nuestro país. Este regalo que le ofrecen al juez presidente por el apoyo, voluntario o no, a las políticas del presidente, Morena y la 4T, ensucia no sólo la carrera profesional del Dr. Zaldívar, sino a toda la judicatura que basa su labor en la protección e implementación de dichas leyes. Si bien aún no se ven aplicadas estas reformas, el mensaje se ha enviado y preocupa tanto la decisión del Senado como el silencio actual del juez.
A estas alturas del partido, desafortunadamente ya no sorprende a nadie que el presidente López Obrador se pronuncie a favor de dichas reformas, incluyendo, la ampliación del mandato del Juez Zaldívar. Se trata de uno más de los ataques del presidente hacia los mecanismos de contrapoder y a las instancias de neutralidad.
Esta decisión, como muchas otras, por supuesto que se verá reflejada en otros aspectos de la vida nacional. Desde el punto de vista económico, México se muestra cada vez más como un espacio donde la inversión es de alto riesgo por las marcadas carencias en el Estado de Derecho.
Estamos ante un escenario donde la violación constitucional puede ser respaldada por el presidente del país, siempre y cuando a su criterio esta acción beneficie las reformas que él considere oportunas, exhibiendo las intenciones permanentes de desmantelar los controles constitucionales y las instituciones que buscan equilibrios democráticos.
La subordinación que vemos de los Poderes de la Unión ante el ejecutivo es muy preocupante. Una sociedad sin contrapesos tiende a la polarización y a la acumulación de poderes, viejos conocidos que deben urgentemente volverse parte de un pasado.
POR AZUL ETCHEVERRY
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@AZULETCHEVERRY
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