COLUMNA INVITADA

Padrón: medida autoritaria

Atenta contra la privacidad y protección de datos personales y trasgrede la libertad de comunicación

OPINIÓN

·
Xóchitl Gálvez / Colaboradora / Opinión El Heraldo de México

Con el justificado interés de combatir la delincuencia mediante la extorsión telefónica se propuso la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones para crear el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, la cual fue aprobada en el Senado de la República con 54 votos a favor, 49 en contra y 10 abstenciones.

Sin duda, la intención es muy buena y en el grupo parlamentario de Acción Nacional estamos a favor de toda propuesta en favor de la seguridad de la ciudadanía. Sin embargo, esta ley conlleva el riesgo de crear una herramienta inconstitucional y autoritaria que obliga a quien tenga una línea de telefonía celular o una tarjeta SIM a registrar huellas dactilares y biometría ocular.

Atenta contra la privacidad y protección de datos personales y trasgrede la libertad de comunicación.

También viola el derecho humano a la libertad de comunicación personal. Se vuelve una especie de Gran Hermano, al estilo de George Orwell, para vigilar y monitorear a quienes portan más de 120 millones teléfonos celulares.

Porque un delincuente es un delincuente. Y no va a acudir a registrar sus propios datos. Para delinquir seguramente usará un celular robado que, si es identificado, remitirá e inculpará al usuario original, con lo cual también se viola la presunción de inocencia y pone en riesgo la seguridad de las personas.

No se debió de debe aprobar esta ley sin las revisiones para evitar su inconstitucionalidad.

Ya hubo, una experiencia previa, el Registro Nacional de Usuarios de Telecomunicaciones, RENAUT, que resultó fallido por lo que fue derogado en 2011 y su base de datos destruida.

Para que el padrón sea robusto y seguro se requiere una tecnología costosa y sofisticada para evitar que sea susceptible de ataques informáticos.

En todo caso, para lograr el padrón se necesita un incremento considerable al Instituto Federal de Telecomunicaciones, IFETEL, factor que no está previsto en el dictamen.

En síntesis, este dictamen es inconstitucional y un atentado a los derechos humanos que propicia un sistema de vigilancia y hostigamiento con carácter autoritario indigno de un país democrático.

Lo dije y lo reitero: nos vemos en la Corte. No se sorprendan que también esta ley la echen para atrás. Es inconstitucional.

POR XÓCHITL GÁLVEZ
SENADORA DEL PAN
@XOCHITLGALVEZ

avh