Invito a cualquiera que enfrente una investigación penal y haya sido imputado de un delito, a pedir audiencia con el Presidente. Y de dicha petición, se instruya a la secretaria de Seguridad que lo reciba para “otorgarle garantía de audiencia”. Buena suerte con eso.
Habría que explicarle al Presidente, que la garantía de audiencia está dirigida a que nadie puede ser sentenciado sin haber sido oído y vencido en juicio, y no una plática de café con una secretaria de Estado. Recordarle, que quien se encarga de la investigación y persecución de los delitos es el Ministerio Público, en este caso el federal,y es autónomo, cuando menos eso dice la Constitución. Dicha representación social, quien de así determinarlo, debió citar a Tudor a entrevista para que declarara sobre los hechos que le imputan, y no la Secretaría de Seguridad. La ocurrencia es la gobernanza de hoy.
En 2019, la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Marina (Semar) catearon y detuvieron a Florián Tudor, imputado y señalado como el “jefe de la mafia rumana”, y por incompetencia y/o corrupción de la autoridad investigadora, o bien del juez de control, lo dejaron en libertad.
El 5 de febrero, la UIF bloqueó 72 cuentas de personas jurídicas, ciudadanos rumanos y mexicanos, que aparentemente clonaban tarjetas de crédito y débito en Quintana Roo y Baja California Sur, causando un perjuicio patrimonial de 240 millones de dólares, cabe señalar que en esta investigación, el FBI de EU coadyuvó con la FGR.
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En uno de sus sermones mañaneros, el Presidente; a pregunta de una reportera sobre el caso y la investigación, contestó que Tudor le estaba solicitando audiencia, y así sin más, el primer mandatario le contestó que le instruía a la secretaria de Seguridad le diera audiencia.
Lo anterior, lejos de demostrar lo magnánimo del Presidente, que sabemos no es, sólo demuestra la justicia selectiva de este gobierno y el trato preferencial dado a quienes aparentemente pertenecen al crimen organizado y son imputados de delitos.
La UIF analizó un total de 277 operaciones inusuales por un monto de 337 millones 500 mil pesos, así como un total de 520 reportes de operaciones relevantes por más de 125 millones 525 mil pesos. Así mismo, reportó transferencias internacionales por cantidades superiores a 232 millones de pesos, eso empieza a decirnos por donde va la cosa.
Las preguntas que debemos hacernos son las siguientes: ¿por qué a Tudor se le da un trato preferencial? ¿Por qué un secretario de Estado recibe a quien ha sido señalado como jefe de la mafia e imputado de varios delitos? ¿Por qué la FGR no defiende su investigación? Estas preguntas obscurecen aún más el horizonte relacionado con los vínculos del crimen organizado y las autoridades, lazos que siempre han existido, pero hoy sin duda son descarados y burdos. Pobre México, los efectos y consecuencias de la decisión que tomó en 2018 la cargará por décadas.
POR JOSÉ LAFONTAINE HAMUI
ABOGADO
@JOSE_LAFONTAINE
avh