Es muy difícil argumentar que a un año de las marchas multitudinarias del 8 de marzo, y del paro nacional del 9 de marzo, hayan mejorado las condiciones de las mujeres en México. Aún antes de la pandemia, la situación era muy mala. Programas desaparecidos, como el de Estancias Infantiles, que apoyaban su incorporación al mercado laboral, no han sido sustituidos por otros. Los feminicidios iban en aumento a nivel nacional. El discurso gubernamental, en particular el del presidente, ha seguido enfatizando para ellas un rol tradicional en el seno familiar, limitando su autonomía y derechos.
Con la pandemia vinieron nuevas complicaciones y se generaron brechas adicionales. La evidencia sugiere que se exacerbó la violencia intrafamiliar, de la que son víctimas primordialmente ellas. El cierre de juzgados seguramente ha hecho aún más difícil el acceso a la justicia a un sinnúmero de casos del ámbito civil, dejándolas en una posición de aún mayor riesgo y vulnerabilidad. El cierre de las escuelas y la lentitud en siquiera repensar su apertura tiene un impacto exagerado sobre ellas también. Se habla incluso a nivel mundial de una “recesión de género” por el impacto diferenciado que ha tenido el decrecimiento del 2020 sobre la riqueza de las mujeres. Y por si todo esto fuera poco, la represión policial a las marchas feministas ha sido especialmente dura, como lo documenta recientemente Amnistía Internacional, capítulo México.
Pero quiero acá enfocarme en la reacción de quienes genuinamente tienen una oportunidad –y la responsabilidad– de implementar y diseñar soluciones reales a estos problemas: los gobiernos y los partidos políticos.
No sorprende el conservadurismo de AMLO. Así gobernó la Ciudad de México a la vuelta del siglo, desde una lógica contraria al reconocimiento y ampliación de derechos de las mujeres y personas LGBTQ+, y así gobierna la federación ahora. Sorprende acaso que haya sumado aliados presuntamente progresistas para sus distintas campañas presidenciales. Sorprende más que ahora se llamen a sorpresa por su irrestricto apoyo a la candidatura de un sospechoso de violación para la gubernatura a Guerrero. Sorprende mucho más que muchas mujeres candidatas de Morena a otros cargos de elección popular no hayan hecho un esfuerzo mayor por frenar esta candidatura, que seguramente les traerá costos en sus propias contiendas, particularmente en áreas metropolitanas donde el voto feminista –en particular de jóvenes que votarán por primera vez– puede tener un impacto decisivo en el margen.
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Precisamente por ello es casi increíble que, con la valerosa excepción de Movimiento Ciudadano en CDMX, y de algunas candidaturas independientes, la temática de equidad de género, diversidad e inclusión esté casi completamente ausente de las plataformas y propuestas de los partidos de oposición. No solamente es lo correcto –urgente, podría decirse– desde el punto de vista de un acceso más pleno de las personas a sus derechos, sino que es lo conveniente desde la perspectiva electoral para el 2021, sobre todo si en el estandarte de Morena lucirá el rostro de Salgado Macedonio, y especialmente de cara a un futuro donde el electorado estará cambiando rápidamente por motivos demográficos.
POR ALEJANDRO POIRÉ
DECANO CIENCIAS SOCIALES Y GOBIERNO TECNOLÓGICO DE MONTERREY
@ALEJANDROPOIRE