Se acaban de iniciar las festividades del Bicentenario de la Independencia que permitió la nueva constitucionalidad y el inicio de la construcción de paradigmas, que han sido los hilos conductores de las aspiraciones del pueblo de México reflejadas en la teología constitucional.
En efecto, la Constitución de 1824 afirma nuestra Independencia como nación libre y soberana; establece el régimen federal, la división de poderes y las garantías individuales. La de 1857 separa a la Iglesia del Estado, lo que le da –por primera vez— el carácter libertario al derecho nacional; y, la de 1917 construye los elementos de un Estado Social, dándole jerarquía constitucional a las Garantías Sociales y otorgándole al Estado una función de rectoría en la economía y en el desarrollo.
No obstante, habrá que revisar los elementos externos e internos que fundamentaron esta Independencia, puesto que no estuvieron en consonancia con las bases ideológicas que postularon Hidalgo y Morelos, y que recogieron los Sentimientos de la Nación, el Congreso del Anáhuac y la Constitución de Apatzingán.
La Independencia de 1821 fue una negociación urdida en el secreto de la conspiración de La Profesa y manipulada por el canónico Matías Monteagudo, que representaba los intereses que –después de la invasión napoleónica— se rebelaron frente a la restitución de la Constitución de Cádiz, pues, fueron afectados los bienes y privilegios de la Nobleza y del Alto Clero Católico en la Nueva España. La solución para evadir la vigencia de ésta Constitución gaditana fue darle a Iturbide una misión distinta, en vez de combatir –como lo hizo deliberadamente contra la insurgencia— negociar el Plan de Iguala con Vicente Guerrero y crear el ejército de las tres garantías. Por ello, esta Independencia que festejamos este año tiene un origen espurio en las intenciones de quienes la hicieron.
Te podría interesar
Entender la historia implica tener una guía certera de la concepción del desarrollo nacional. Los tres grandes movimientos nacionales así nos lo indican, por eso, imponer desde el púlpito mañanero una Cuarta Transformación, parece ser utópico e irreal, aún cuando ciertamente el presidente López Obrador ha propiciado una narrativa, que le da catarsis a un pueblo hastiado por la corrupción, la soberbia y la prepotencia de una clase política que no supo, ni pudo, encontrar un recto camino para la república.
La utopía es atractiva, la bandera de la esperanza propicia la popularidad y será un importante factor en las próximas elecciones federales y locales, que se han convertido en el único objetivo del gobierno actual.
Mientras que, por otra parte, la sombra siniestra de la pandemia nos cubre, la inseguridad nos mantiene en el terror y la desesperación; la economía ha disminuido su proceso de crecimiento y la pobreza sigue siendo el mayor de los males nacionales.
Retomar el rumbo de la historia y hacer una propuesta sensata y viable –en un mundo lamentablemente controlado por las fuerzas de un capitalismo mezquino y depredador— requiere, no sólo de popularidad y legitimidad, sino de eficiencia administrativa y de claridad en la ejecución de la política pública.
La esperanza muere al último, pero muere.
POR ALFREDO RÍOS CAMARENA
CATEDRÁTICO DE LA FACULTAD DE DERECHO DE LA UNAM