El lunes la legisladora de Morena, Nestora Salgado, aseguró que había registrado una iniciativa en el Senado de la República para modificar la Constitución con el objetivo de garantizar que todos los prisioneros tengan derecho a votar.
La senadora, quien estuvo presa durante dos años y siente meses, recientemente hizo públicas sus intenciones de competir por la gubernatura de Guerrero después de que MORENA reculara en su decisión de lanzar a Felix Salgado Macedonio a raíz de las cinco mujeres que aseguran haber sido abusadas sexualmente por el senador.
“Al paso que van, en el 24 van a querer postular a secuestradores y violadores sentenciados”, reviró a esta iniciativa el senador por Veracruz, Julen Rementería.
¿Los delincuentes deberían tener derecho a votar? El debate no es nuevo. De hecho en el 2019 el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que la restricción constitucional contemplada en el artículo 38, sobre el derecho al voto para las personas privadas de la libertad era, en el caso de personas procesadas, violatoria de derechos humanos. Y determinó que las personas sin sentencia, y en prisión preventiva (casi el 50% de los presos en México), mantenían su derecho a votar. Es verdad que el artículo 38 de la constitución no ha sido modificado desde su redacción, hace 104 años y fue promulgado por los mismos legisladores que, en su momento consideraron que no “se advierte necesario conceder el voto a las mujeres”. ¿Acaso también habrán sido obtusos con los “derechos” de los delincuentes?
Uno podría argumentar que las personas privadas de su libertad tienen el derecho a decidir quiénes van a ser sus representantes y esos representantes aboguen por mejorar las condiciones en las que hoy viven más de 200 mil mexicanos en 443 establecimientos penitenciarios: la mala alimentación, la sobrepoblación, el crimen y el autogobierno. En 2020 la cifra de personas que ingresaron a cárceles creció a niveles récord en México. En tan solo 10 meses, con todo y pandemia, el número de reos se ha elevado en 13 mil 840 internos respecto a los que había al inicio del año. Este disparo en la población penitenciaria es el mayor de la última década.
La segunda vertiente de esta discusión es la capacidad logística que deberán desplegar autoridades penitenciarias y el INE (si es que sigue vivo para ese entonces), para que el voto “se ejerza en libertad, secrecía, con información y seguridad”. El reto en operación y logística es gigantesco. Desde la construcción de un padrón confiable de presos hasta el establecimiento de todas las garantías para la emisión de un voto personal, libre y secreto. Este año más de 2 mil presos personas que se encuentran sin sentencia en cinco Ceferesos del país, podrán emitir su voto para renovar la Cámara de Diputados en una prueba piloto, previa a la renovación de la Presidencia de la República en el 2024.
Todo esto, además de garantizar el derecho al voto de todos los ciudadanos, podría significar un aliciente para que los políticos resuelvan de una vez por todas el elefante blanco que son las cárceles en México: universidades del crimen coptadas por los cárteles de la droga.
POR JORGE AVILÉS
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