La declaración del general Glen VanHerk, jefe del Comando Norte de Estados Unidos, en el sentido de que el crimen organizado controla el 35 por ciento del territorio nacional, abre un debate semántico. ¿Es igual hablar de control que de presencia? Absolutamente no.
Ernesto López Portillo, especialista en temas de seguridad pública y nacional, señaló que no existe evidencia para tal afirmación. Tampoco para negarlo. Y eso es parte del conflicto. Se conocen los estragos del crimen organizado, pero no con certeza su peso en la toma de decisiones a nivel federal, estatal y municipal. La presunción no hace prueba.
Indudablemente, existe un grupo criminal empoderado en expansión. El cártel que usa —perversamente— el nombre de una entidad emblemática del país es indudablemente una amenaza al Estado, como su rival más fuerte, el del Pacífico, que tras la detención de su máximo líder a manos de la extinta Policía Federal, ha pasado por una crisis en su estructura jerárquica y, presumiblemente, hoy es liderado por uno de sus mandos históricos tras ser liberado de prisión hace pocos años.
Lantia Intelligence, de Eduardo Guerrero, ha dado seguimiento a la presencia del crimen organizado en México. Para Lantia, los dos grupos que alcanzan el nivel de “cártel”, es decir, que cuentan con organización y logística internacional, encabezan “coaliciones”, que incluyen a “todas las mafias y bandas que tienen una relación de alianza o subordinación, directa o indirecta, con el cártel correspondiente.” Bajo esa óptica, hay evidencia de que en todo México hay criminalidad organizada. (fuente: Plataforma de Lantia Intelligence).
Ahora bien, dicha presencia no implica control sobre los aparatos de poder formal y legalmente establecidos, sino que las coaliciones realizan alguna o varias de sus actividades en las 32 entidades federativas. Con distintos niveles de violencia visible dependiendo la zona.
La subcultura organizacional del crimen organizado implica que parte de sus procesos dependan de acuerdos con integrantes del poder legalmente establecido: presidentes municipales, policías de los tres órdenes de gobierno, legisladores locales y federales, integrantes de las Fuerzas Armadas y otros actores públicos. Dichos acuerdos recaen por lo regular en actores menores, pero mancillan la honorabilidad institucional. También ha habido complicidad al más alto nivel. Los menos. Algunos de esos casos están en procesos judiciales y, por ende, no debieran ser considerados evidencia hasta que recaigan sentencias definitivas. Personajes del ámbito empresarial, la farándula, el deporte y hasta de la cultura, complementan la lista de complicidades.
La delincuencia organizada es, globalmente, la peor amenaza por debajo del terrorismo. Sus estragos, en países como el nuestro, se traducen en miles de muertes, pero hay otras consecuencias invisibles, principalmente en la economía, en el seno de las grandes potencias.
Por eso, que no exista evidencia de su control en porcentaje alguno del territorio nacional, no es necesariamente buena noticia. Máxime si se ha renunciado en el discurso a condenarla y, en los hechos, a perseguirla con fuerza.
Urgen ambas cosas en aras de obtener evidencia de que nuestra soberanía frente al cáncer de la delincuencia organizada está a salvo.
POR MANELICH CASTILLA CRAVIOTO
COLABORADOR
@MANELICHCC
dza