MIRANDO AL OTRO LADO

Derechos humanos amenazados por LIE

La Ley de la Industria Eléctrica (LIE) recientemente aprobada por el Congreso de la Unión no solamente afecta a contratos firmados con empresas privadas y cuestiona la adhesión de México a tratados internacionales que han firmado este y anteriores gobiernos

Escrito en OPINIÓN el

La Ley de la Industria Eléctrica (LIE) recientemente aprobada por el Congreso de la Unión no solamente afecta a contratos firmados con empresas privadas y cuestiona la adhesión de México a tratados internacionales que han firmado este y anteriores gobiernos. Más importante aún la LIE agrede a los derechos humanos fundamentales de todos los mexicanos.

¿Cuáles son esos derechos humanos violentados que serán agredidos si se aprueba la LIE? En primer lugar, el derecho a una vida salubre, lejos de factores que puedan causar daños permanentes a la salud de las personas. En tiempos de pandemia mundial, esta es una consideración de la mayor importancia. Es, sin lugar a dudas, una iniciativa de ley que expresa la frivolidad de un gobierno que no tiene la menor empatía con el pueblo que dice representar. Su desprecio por la salud general de los mexicanos ha estado presente en el periodo del manejo errático e irresponsable de la pandemia de COVID-19. Pero agregar a ello la amenaza de un deterioro adicional de la salud general, al promover una ley que provocará la dispersión de partículas suspendidas contaminantes al aire que todos respiramos por efecto del uso masivo de combustóleo en la generación de energía es verdaderamente despiadado. Y violatorio del derecho constitucional a un ambiente sano que debemos tener todos los mexicanos.

Existe abundante literatura y estudios científicos que demuestran que el azufre que emite al medio ambiente producido por el uso y quema de combustóleo maltrata agresivamente a la población afectada, especialmente a niños, niñas y la tercera edad. Los estudios científicos y médicos que se han realizado reflejan, por ejemplo, que la cantidad de muertes inexplicables pueden ser consecuencia del uso de combustóleo que genera la termoeléctrica de Tula sobre todo el Valle de México. Aparentemente a los gobiernos federal y capitalino les tiene sin preocupación alguna estos problemas de salud y su afectación incluso mortal sobre los habitantes del centro del país. Prefieren hablar de su supuesta recuperación soberana y la pelea política que creen que realizan contra múltiples enemigos ficticios que han inventado para justificar sus acciones irracionales.

Qué más prueba se requiere sobre los efectos negativos del azufre que el hecho de que no existe mercado en el mundo dispuesto a comprar combustóleo mexicano, por su alto contenido de azufre maligno.

Además de la agresión al derecho a la salud de todos los mexicanos, la LIE también ataca al derecho a contar con un Estado de derecho confiable, estable y un marco legal y normativo que sea de equitativa aplicación para todos los ciudadanos. Es incontrovertible el hecho de que, ante los ojos de todos los mexicanos, el Presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó a su partido aprobar una ley que él sabía era ilegal y anticonstitucional. Los legisladores morenistas violentaron el principio de la equidad ante la ley al obedecer una instrucción presidencial ilegal y que los colocaba en la premisa del desacato a la ley. Estamos, pues, ante una cadena de ilegalidades del Poder Ejecutivo y su partido que conforman, en conjunto, un acto de flagrante violación all derecho de todos los mexicanos a contar con un marco jurídico que actúa y juzga con el mismo rasero para todos.

Junto con la agresión al derecho ciudadano a una justicia definida y dentro de un marco constitucional estable, hay otra agresión al derecho de los ciudadanos. Esa agresión es a los jueces y a su actuar, al querer acotar sus funciones para convertirlos en simples repartidores de justicia, según los humores presidenciales, haciendo caso omiso de la letra de la ley. Detrás de la LIE existe la intención malévola de obligar a los jueces a abandonar su criterio de independencia y autonomía para limitarse a poner su sello de aprobación en cuanta ocurrencia salga de Palacio Nacional. Este ataque a la autonomía e independencia del Poder Judicial es otro ataque a los derechos humanos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La separación entre los tres Poderes de la Unión es un principio fundacional de la República democrática. Cuando se ataca a los jueces con la intención de lograr su subordinación a otro Poder, entonces se está agrediendo al derecho de todos los mexicanos de contar con una sistema de justicia basado en la capacidad de los juzgadores de impartir sus decisiones con objetividad y apegados a derecho y sin la interferencia de fuerzas externas.

Como consecuencia del ataque a los jueces y el deseo de lograr su subordinación  a la voluntad de otro Poder, se agrede incluso otro derecho de la ciudadanía. Todos los mexicanos tienen el derecho de contar con una defensa adecuada, capacitada y respetada en sus funciones y representatividad. Cuando el Presidente agrede a los abogados y defensores de sus representados, acusándolos de ser “Traidores a la Patria”, como lo hizo recientemente, también está atacando al derecho de todos los mexicanos (y no-mexicanos) a contar con una defensa adecuada e informada en la corte en el caso de tener que defenderse, por las razones que sean.

El derecho a defenderse y ser considerado inocente hasta que se demuestre lo contrario es también un derecho constitucional de todos los mexicanos. Y el Presidente ataca ese derecho ciudadano cuando acusa a los abogados de ser traidores. Así que la cascada de acusaciones y arteras agresiones del Presidente a tantos derechos cuando busca defender su ley, reconocidamente inconstitucional, coloca al país y el sistema político en un predicamento grave. La máxima autoridad política, que debiera fungir como el equilibrador mayor de las fuerzas diversas de la nación, es quien pone en movimiento el cuestionamiento a los principios democráticos, republicanos y libertarios de la Constitución y de México como país.

La iniciativa de la LIE ha puesto en acción la amenaza más  grave y grande que México ha sufrido desde principios del siglo pasado, cuestionando la unidad de la República. Las fuerzas democráticas tienen, ante sí, su reto mayor para responder a la amenaza del gobernante polarizante y potencialmente violento con unidad de acción y propósito.

POR RICARDO PASCOE PIERCE
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