El 20 de febrero, según lo mandata la legislación, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó ante la Cámara de Diputados el Informe General de la Cuenta Pública 2019, que audita el primer año de ejercicio de esta administración.
El Informe detalla la realización de mil 358 auditorías a los programas, proyectos y obras del gobierno, y arroja irregularidades por 67 mil 498.4 millones de pesos en el gobierno federal en 2019. Normalmente, la Comisión de Vigilancia de la ASF de la Cámara de Diputados, revisa con exhaustividad el Informe y provee a los diputados de material para que ellos pidan al Auditor Superior esclarecer los puntos que consideren relevantes, y vigilen que las dependencias gubernamentales solventen las observaciones que se hacen en el Informe.
Lo que sucedió este año fue que el Presidente de la República montó en cólera al saber que se reportó un excedente en el costo de cancelación del NAIM en Texcoco, y su reacción virulenta oscureció el resto de la información hasta tal punto que el trabajo de la ASF se vio opacado y cuestionado.
Utilizando la mañanera para denostar, como acostumbra, amedrentó al Auditor Superior con sus ‘otros datos’, dijo que los que se presentaron son incorrectos y exagerados, y pidió que se aclarara, porque ‘le están dando mal la información a nuestros adversarios’. Cero objetividad, cero respeto por los órganos autónomos; hígado, revancha, cálculo electorero.
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Luego vino algo patético, David Colmenares, Auditor Superior, no respondió como titular de un órgano especializado del Poder Legislativo, sino como niño regañado, poniendo en grave predicamento la autonomía técnica y de gestión de que goza la ASF. Es posible que existan ‘errores metodológicos’, y que efectivamente el sobrecosto de la cancelación del nuevo aeropuerto sea menor al que se indicó, pero para eso debe revisarse la información, sustentar los cálculos, y ratificar o rectificar los resultados de manera transparente.
Varias conclusiones se desprenden de este episodio. La mañanera SÍ es una herramienta de propaganda político-electoral, que el
Presidente utiliza a discreción para ensalzar o denostar a sus amigos o adversarios. En época de campaña se impone la suspensión de este ejercicio, por lo menos por lo que se refiere a su difusión en vivo.
La Cámara de Diputados debe asumir a plenitud su facultad exclusiva de revisar la Cuenta Pública, contenida en el Informe que la ASF entregó el 20 de febrero. Es la Comisión de Vigilancia de la ASF, y posteriormente la de Presupuesto, quienes deben revisar, cuestionar, solicitar comparecencias de funcionarios, para esclarecer cualquier duda sobre su contenido. Finalmente, es la Cámara de Diputados la que aprueba la Cuenta Pública.
La ASF debe darse a respetar. Su calidad de órgano técnico especializado para auditar las cuentas de todos los entes gubernamentales le confiere una alta responsabilidad. Su titular debe revestirse de la dignidad propia de su cargo, y no echarla por la borda ante ninguna amenaza, ni siquiera del Presidente de la República.
Los ciudadanos, que acudiremos a las urnas el próximo 6 de junio, debemos valorar la gran importancia que tiene el carácter de contrapeso al Poder Ejecutivo que es una de las principales funciones de la Cámara de Diputados.
POR CECILIA ROMERO
COLABORADORA
@CECILIAROMEROC
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