El freno judicial a la reforma eléctrica del presidente López Obrador desató la ofensiva contra el juez que concedió la suspensión provisional de la ley con efectos generales, a fin de salvaguardar la libre competencia y el derecho a un medio ambiente sano en beneficio de los usuarios.
La carta del presidente López Obrador al ministro Arturo Zaldívar fue un despropósito. En términos jurídicos, por la pretensión expresa de que los jueces decidan no por los méritos de las demandas, sino de quienes las promuevan. Y en términos democráticos, por tratarse de una intromisión del Poder Ejecutivo en las labores del Judicial y la exigencia de que los juzgadores se ciñan a su personal proyecto de nación.
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Convencido de que cualquier resolución desfavorable es un ataque a su gobierno, el presidente fue escalando la apuesta, sin medir las consecuencias. Como su decreto de política energética fue rechazado por la segunda sala de la Corte, procedió a modificar la ley. Y si la reforma legal resulta inconstitucional, ya anunció que modificará la Constitución. Sólo falta que pretenda retirarse de los acuerdos y tratados internacionales firmados por México, que tienen rango de norma suprema. Impecable lógica autoritaria, donde solo su convicción personal cuenta. Para ser tan diferentes, se parece mucho a la ruta seguida por Orbán en Hungría, Erdogan en Turquía o Hugo Chávez en Venezuela.
José Ramón Cossío llegó a la Suprema Corte en 2003 y concluyó su encargo 15 años y casi 50 mil casos después. En su discurso de despedida de la Corte (noviembre 2018), hoy más vigente que nunca, anticipó que la crisis de la democracia podía arrastrar a la justicia. Se ha diagnosticado cómo mueren las democracias -señaló- pero ¿cómo muere la justicia?
Es la hora de la verdad para la justicia mexicana, y para la Suprema Corte de la nación, frente a la amenaza directa esgrimida desde Palacio Nacional. Es cuestionable pedir lealtad ciega a los colaboradores y demandar uniformidad de criterio a los legisladores. Pero resulta inadmisible exigir adhesión de los jueces a una causa -por más justa que se considere- y no a la Constitución y las leyes que protestan aplicar. Es una perversión democrática buscar eliminar contrapesos al Ejecutivo y borrar los limites constitucionales al ejercicio del poder.
De esta batalla pende la justicia constitucional y, en última instancia, la frágil institucionalidad democrática que nos ha costado décadas construir.
Lo advirtió Cossío: tener un gobierno legítimo y mayoritario no da para hacer lo que venga en gana y “la función central de la justicia constitucional es -precisamente- retener esos intentos de apoderarse de ella. La justicia constitucional requiere de jueces que sostengan una plaza que es la Constitución.”
La justicia puede morir, así como mueren las democracias, cuando no somos capaces de generar los refuerzos para sostenerla.
POR VERÓNICA ORTIZ
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