Ahora que el Congreso analizará una eventual Reforma Fiscal es interesante conocer lo que pasa al norte del país.
Fíjese que la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Familia y Asuntos Religiosos del Congreso de Baja California, María Trinidad Vaca Chacón, presentó en noviembre 2019, una iniciativa para reformar el artículo 156-8 de la Ley de Hacienda local, para crear el impuesto a las personas que acuden a los casinos para realizar apuestas.
El impuesto aplica a la gente que apuesta en máquinas, juegos de azar, cartas, ruleta, carreras de caballos o galgos; y de cada apuesta se exige al casino cobrar 10 por ciento del premio obtenido, mismo que se reporta a la Secretaría de Hacienda estatal en un plazo no mayor de 25 días.
La iniciativa fue aprobada el 19 de diciembre de 2019 y entró en vigor a partir del 1 de enero de 2020.
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La exposición de motivos de dicha reforma explica que la intención del impuesto es "destinar lo que se recaude para los Centros de Rehabilitación de personas enfermas de ludopatía".
Esto ante la necesidad de prevenir y rehabilitar a las personas adictas a las apuestas aunque se añada que la autoridad fiscal “podrá dictar los lineamientos para el eventual destino de lo recaudado".
En Baja California operan 44 empresas de apuestas y se estima que por ese impuesto en 2020 la entidad recaudó más de 100 millones de pesos, pero nadie sabe a dónde fueron a parar esos recursos porque no existe ni se ha creado centro alguno para rehabilitar a enfermos de ludopatía, en el estado que gobierna Jaime Bonilla.
LA RUTA DEL DINERO
Redpack inició 2021 con una inversión por más de 57 millones de pesos para adherir 100 unidades a su flota de última milla, esto en respuesta al incremento de 60 por ciento en el volumen operado, tras el auge del e-commerce en 2020. Para ese plan tiene como aliado a Grupo Traxión, que es presidido por Aby Lijtszain, el cual ofrece soluciones en toda la cadena logística en la que opera Redpack. La firma de mensajería ha dado particular atención al cuidado de la salud de su personal en la pandemia, al destinar un millón 200 mil pesos en médicos, pruebas, equipo de uso personal, así como sanitización de instalaciones... Todo indica que el equipo de Thalía Lagunas, en la Oficialía Mayor de Hacienda, habrá de revisar nuevamente la documentación de las empresas que listó como “posibles proveedoras” dentro del Contrato Marco que se elaboró para el servicio de limpieza con recursos federales. Se lo comento porque 26 de las exponentes quedaron anotadas, pero Asbiin, S.A. de C.V., Limpieza Jored, S.A. de C.V. y Jaber Limpieza en General S.A. de C.V., habrían engañado a la autoridad con documentación falsa, y es que “comprobaron” su experiencia mediante contratos con privados que nunca habrían existido, luego que al visitar los domicilios en cuestión no se encontraron las supuestas empresas atendidas. Los hechos habrían sido documentados por notario y corredor público.
Por ROGELIO VARELA
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jram