Atacar al poder judicial desde la tribuna del Ejecutivo es una cosa muy fácil. El presidente tiene todas las herramientas para amedrentar. Los jueces, por su parte, tienen muy pocas formas de defenderse. El modelo está construido así y desde su origen era patente que esta vulnerabilidad existiría.
En 1748, Montesquieu, uno de los grandes pensadores del modelo de división de poderes publicó en Francia su mayor obra. En ella defendía el sistema de contrapesos, pero apuntaba que “el poder de juzgar es en cierto modo nulo.” Es decir, que la función de los jueces es principalmente de moderadores, más que de epicentros de poder frente a los ciudadanos.
Más cerca de México, en 1788, los constituyentes estadounidenses advertían también esta realidad. En el texto número 78 del El Federalista, Alexander Hamilton decía acertadamente que “sin comparación, el judicial es el más débil de los tres departamentos del poder; nunca podrá atacar exitosamente a ninguno de los otros dos y es necesario poner todo el cuidado en hacer posible que se defienda contra los ataques de ellos.”
El poder judicial no tiene el altavoz del presidente o de los legisladores, no puede crear leyes a discreción, no puede cobrar impuestos, definir gastos o ejercer el presupuesto del país. Los jueces no cuentan siquiera con herramientas ni personal para hacer cumplir sus propias decisiones. Y, sin embargo, el poder judicial tiene un papel fundamental en la democracia: hacer que se respete la voluntad suprema del pueblo, escrita en la Constitución y las leyes.
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Los ataques de López Obrador contra el juez en torno a la suspensión de la Reforma Eléctrica están revelando una realidad subyacente. En el camino hacia la consolidación democrática, no hemos prestado suficiente atención al eslabón más débil: el poder judicial.
Es cierto que cada vez hay más jueces independientes. A lo largo del sexenio hemos visto jueces de todo el país conceder amparos contra el gobierno, detener obras importantes y suspender los efectos de leyes que estaban en la agenda política. Pero mientras los casos escalan a los rangos superiores, las presiones y miedos aumentan, los jueces renuncian a su obligación de dictar sentencias y optan entonces por el silencio. Los asuntos se quedan archivados por meses y con eso se evita la furia del Ejecutivo.
Ejemplo de esto son las controversias contra la reducción de salarios de funcionarios públicos, contra la creación de los superdelegados, contra el decreto de militarización, la acción de inconstitucionalidad contra la creación de la Guardia Nacional y múltiples amparos sobre producción y comercialización de mariguana. Todos ellos, olvidados en cajones de la Corte.
Podemos aplaudir a los jueces valientes que se enfrentan a los abusos de poder desde la trinchera de la legalidad, pero la exigencia al poder judicial no se puede quedar en la anécdota. La verdadera consolidación democrática se dará cuando el presidente, sea quien sea, entienda que arriba de él están nuestras leyes. Y cuando los jueces de todos los niveles estén dispuestos a sostener decisiones que a él no le gusten. Ojalá que la Reforma Eléctrica no sea una sentencia más, por la que un juez se enfrenta contra el poder, y luego la Corte congela indefinidamente.
Por FERNANDA CASO
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jram