La elección más grande de la historia en México tiene muchos riesgos. Además de los conocidos por la pandemia en curso, se ubica el tema de la seguridad de los candidatos. Si bien no es nuevo, es una bomba de tiempo. Y ocurre en todos lados, sin importar quién gobierne.
El alcalde de Cuajimalpa, el priísta Adrián Rubalcava, presentó una denuncia por amenazas de muerte. La intención es sacarlo de la contienda por la reelección, donde tiene buenas posibilidades. A esta hora, el alcalde con licencia del municipio de Casimiro Castillo, el emecista Alfredo Sevilla, está reportado como desaparecido. También busca la reelección. La semana pasada mataron a un aspirante priísta a la alcaldía de Nuevo Casas Grandes, Chihuahua. Y la lista crece.
La violencia que no se admite, toma un rostro aún más oscuro cuando se trata de la lucha por el poder: de acuerdo con el reporte “Violencia política en México. Septiembre 2020 – Febrero 2021” de Integralia, desde el inicio del proceso electoral y hasta el último día de febrero, se registraron un total de 90 incidentes de violencia política, con un total de 108 víctimas, 75 de ellas fueron
mortales. Brutal. 11 aspirantes a puestos de elección fueron asesinados en apenas seis meses, siete de los cuales pertenecen al partido del presidente, Morena.
Esto delata una blanda estrategia seguridad, la descoordinación con los gobiernos estatales, pero, sobre todo, un reacomodo en las estructuras del poder legítimo y el crimen organizado. El Indicador de Violencia Política en México de Etellekt, reportó que de septiembre de 2020 a marzo de 2021, 71 personas servidoras públicas sin militancia partidista y sin aspiraciones políticas fueron asesinadas.
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Las elecciones de 2021 definirán el futuro de la 4T. Un fracaso, y será el comienzo del fin del proyecto lopezobradorista. Veracruz y Guerrero son un hervidero para el partido oficial, en estos estados fueron asesinados 5 de los 11 aspirantes a puestos de elección popular. El consejero presidente del Instituto Electoral local, Nazarín Vargas, me dijo en entrevista que es poco lo que
ellos pueden hacer ante esta preocupante situación. Le corresponde a otras autoridades
A principios de mes, la Secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, anunció un plan para proteger a todos los candidatos, en los que intervendrá la Secretaría de Gobernación, la Consejería Jurídica de la Presidencia, la Unidad de Inteligencia Financiera y el Centro Nacional de Inteligencia.
Pero no será suficiente a juzgar por los hechos actuales. López Obrador informó ayer que tan solo el 10 de marzo, actores políticos presentaron denuncias en San Luis Potosí, Sinaloa, Guanajuato, Jalisco y la Ciudad de México.
La violencia es otra infección que no se ha atacado adecuadamente. Si desde el poder se tolera y se solapa como un mal menor ante el posible naufragio de un proyecto político, quiere decir que las prioridades del gobierno están erradas. Los cálculos políticos ya le han costado la vida a mucha gente. Esto no puede continuar. Creo que lo saben.
POR CARLOS ZUÑIGA PÉREZ
@CARLOSZUP
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