¿Qué hace falta para que la autoridad actúe ante la denuncia de una mujer? ¿Por qué si una se atreve a empoderarse hay que minimizarla, vulnerarla, violentarla e impedir que demuestre su valía? ¿Cómo se atreve una autoridad, cualquiera que sea, a no escucharla, atribuirle falta de criterio, rebeldía, señalarla por estar en sus días u otra naturaleza emocional para desvalorizarla? Eso es misoginia.
Las mujeres no nos victimizamos. Damos vida y generamos valor. Mucho en la economía se mueve gracias a nuestro esfuerzo. Un estudio del Observatorio Internacional de Salarios Dignos de la Universidad La Salle y la Comisión Nacional de Salarios Mínimos de 2020 dice que el trabajo de las mujeres mexicanas vale 60 mil millones de pesos diarios, pero sólo 33.3 por ciento es remunerado.
Aun así, es increíble cómo la justicia y la autoridad minimizan lo que le pasa a una mujer en el ámbito judicial. Las legislaciones en los estados tienen concepciones distintas sobre qué es un feminicidio y las autoridades no realizan investigaciones con perspectiva de género por falta de claridad, capacitación o conciencia.
Los datos oficiales son escalofriantes: en el año recién terminado hubo 970 víctimas de feminicidio en el país, pero a ese número hay que aumentar dos mil 783 mujeres asesinadas dolosamente, tres mil 136 culposamente, y quién sabe cuántas más entre los múltiples casos en que la víctima no pudo ser identificada.
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Todavía más: 97 mil 778 mujeres fueron víctimas de delitos. De ellas, 57 mil 495, 58.8 por ciento, sufrieron lesiones dolosas y otras 14 mil 553, 14.88 por ciento, lesiones culposas. Eso, además de otros infiernos como el rapto, la extorsión, la trata de personas, el acoso y la violación.
El feminicidio de Mariana Sánchez era absolutamente evitable, porque todas las alertas estaban encendidas. La joven estudiante de medicina en Chiapas llevaba cinco meses sufriendo acoso y abuso sexual. Había acudido con la policía y puesto una denuncia ante la fiscalía. También presentó una queja en la Universidad Autónoma de Chiapas. Aun así, fue hallada muerta el viernes 29 de enero y, hasta ahora, la única persona detenida es la directora de la clínica donde hacía prácticas profesionales, acusada de abuso de autoridad.
¿Qué hacer cuando una mujer que vive sólo con su hija es asaltada en su propia casa, justamente cuando, además, está luchando por recuperarse de COVID-19? ¿Qué decirle a la autoridad cuando su respuesta es que no ve riesgo de violencia contra las mujeres ni de feminicidio? ¿Qué hacer cuando la fuerza policial justifica el robo con la carencia por la pandemia y además dice que no cuenta con los recursos para hacer justicia? Es una sensación de profunda indignación e impotencia. La conozco en persona porque es mi testimonio.
No debe olvidarse aquel 8 de marzo de hace menos de un año, cuando 80 mil mexicanas marcharon en la capital del país y muchas más en otras ciudades para exigir el respeto absoluto de sus derechos. Al día siguiente, en un hecho sin precedentes, miles de mujeres no realizaron sus actividades cotidianas, como otra manera de protestar contra la violencia y los asesinatos por razones de género y la indiferencia de las autoridades.
Lamentablemente, el encierro al que obligó el COVID-19 a los pocos días quitó los reflectores del asunto. Siguieron los feminicidios. Necesitaría todo el periódico para incluir todos los nombres de las víctimas y su circunstancia. El Índice Global de Impunidad 2020 de la Universidad de las Américas ubica a México en el lugar 60 en una lista de 69 países, es decir, entre los que más la toleran.
Los colectivos de mujeres como Brujas del Mar, Solecito y muchos más no dejan de poner el dedo en la llaga. La realidad grita su crudeza. Es hora de escuchar el clamor por justicia.
POR ADRIANA DELGADO RUIZ
@ADRIDELGADORUIZ
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