Esta semana se aprobó en la Cámara de Diputados la iniciativa de reforma a la ley de la industria eléctrica, a través de la cual sus impulsores buscan garantizar la confiabilidad del servicio y un sistema tarifario de precios actualizados con la inflación. Más importante aún, elimina la obligatoriedad de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a comprar energía a terceros mediante subastas, que incluyen a productores con tecnologías renovables, modificando también el orden de despacho para el suministro al priorizar lo generado en plantas hidroeléctricas y en otras instalaciones de la Comisión.
Lo anterior implicaría un incremento en los costos de producción de energía al utilizar en principio combustibles fósiles más onerosos. Se estima que el 80% del costo de la energía depende del que tenga el combustible. En ese sentido, cambia también la discrecionalidad con la que la CFE puede comprar energía sin recurrir a subastas como lo estipula la ley, con lo que no se garantizarán necesariamente mejores precios porque abre la puerta a la discrecionalidad para la adquisición de servicios no necesariamente más baratos. Esto podría atentar contra la salud financiera de la compañía mientras que desincentivaría las inversiones en fuentes renovables que son hacia donde la industria global se dirige.
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El otro gran cambio que se presentaría es la eliminación del auto abastecimiento a partir del cual empresas producen su propia electricidad, ya que pueden perder su beneficio en el momento en el que sus permisos ya otorgados expiren, todo bajo el supuesto de que dichos permisos hayan sido emitidos fraudulentamente. Por supuesto, esto genera incertidumbre jurídica para los inversionistas al cambiar de forma retroactiva la ley, con lo que se violaría lo acordado incluso en tratados internacionales como el TMEC, TPP, etc.
No se trata de un tema menor si consideramos que México está dentro de las 15 economías más desarrolladas, siendo que las expectativas internacionales van acordes a ello. Más allá del TMEC y TPP, se tienen suscritos otros más de 40 tratados comerciales que incluyen acuerdos de promoción y protección recíproca de inversiones.
No obstante, si ahondamos particularmente con el TMEC, es preciso señalar que de aprobarse esta reforma, si es que va en contra de lo acordado en este tratado, en particular lo relacionado con el compromiso adquirido por México a mantener el nivel de apertura actual en los mercados energéticos, generaría controversias que en caso de perder se traducirían en indemnizaciones millonarias a favor de las empresas y en caso de que el enfoque se de en forma “Estado-Estado”, podría traducirse en el cobro de aranceles de forma unilateral.
Más importante aún, con la posible aprobación de esta ley, México estaría incurriendo en otros incumplimientos internacionales relacionados con la preservación ambiental, como el Acuerdo de París, al que por cierto EE.UU. regresó recientemente. Cuando México Firmó el acuerdo se comprometió a que para 2024 el 35% del total producido de sus energías serían limpias. Al inicio de la presente administración el país ya producía en un rango del 25%, sin embargo, la visión actual no sólo se enfoca en invertir en este tipo de tecnología, sino que se mina el camino para la inversión privada nacional e internacional en este rubro.
Desafortunadamente, vemos sistemáticamente como esta administración tiene prioridades que atentan contra el desarrollo social, ambiental y económico mediante ideas anticuadas rebasadas por una realidad que no nos espera. La brecha hacia el desarrollo pareciera cada vez más amplia.
POR AZUL ETCHEVERRY
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@AZULETCHEVERRY