El martes, la Cámara de Diputados aprobó la iniciativa preferente enviada por el Presidente para reformar la Ley de la Industria Eléctrica. Se ha hablado hasta el cansancio del despropósito de esta ley, pero: ¿Cómo llegamos aquí? ¿En realidad el Presidente y Manuel Bartlett quieren destruir las energías renovables? Una hipótesis, cada vez más plausible, es que el origen de todo esto es el combustóleo.
Una de las banderas de campaña más emblemáticas del Presidente ha sido la “Soberanía Energética”. Bajo esta idea, cualquier consideración económica o de eficiencia debe estar subordinada a los “intereses de la nación”, cualquiera que estos sean. Una de las manifestaciones de esta idea preconcebida es la refinación y producción de petrolíferos. Tenemos que refinar más en México, aunque cueste
más caro y sea más ineficiente, para defender esta soberanía.
Te podría interesar
Por consecuente, desde el inicio de su mandato, el gobierno ha buscado aumentar la utilización de las refinerías existentes y construir una nueva, aunque esto no tiene ningún sentido económico. A esto se suma la suspensión de importación de petróleo ligero porque también atenta contra la soberanía.
La mayor utilización con dieta de petróleo pesado llevó a que el Sistema Nacional de Refinación produjera más combustóleo, el petrolífero más contaminante y de menor valor. Por si fuera poco, una de las fuentes de demanda de combustóleo despareció. Una directriz de la Organización Marítima Internacional redujo el contenido máximo de azufre que pueden usar los buques de carga, de facto prohibiendo el combustóleo.
Pemex está nadando en combustóleo y sin nadie que lo quiera comprar. Sólo nos queda un cliente posible: las plantas de CFE que generan electricidad con este combustóleo.
Sin embargo, las reglas de despacho eléctrico existentes ponen a estas plantas, por tener costos más altos, como última prioridad por lo que no siempre estaban produciendo. Estas plantas no sólo son más caras, sino que son tremendamente contaminantes, basta ver las fotos del aire en Salamanca.
Para aumentar la generación en estas plantas y usar el combustóleo con el que ya no sabemos que hacer, la Secretaría de Energía emitió el llamado “decreto Nahle” que buscaba favorecer el despacho de estas plantas en detrimento de productores privados de energía renovables o ciclo combinado mucho más baratas.
Ante las suspensiones a este decreto obtenidas por privados y la expectativa de la invalidación de este por la Segunda Sala de la SCJN, al gobierno no le quedó de otra más que mandar una nueva ley.
La ley aprobada por el Congreso ahuyentará miles de millones de dólares en inversiones en el sector eléctrico y hará que la electricidad sea más cara (en la tarifa en el subsidio que ya cuesta más de 70 mil millones de pesos).
Más grave aún, tendrá consecuencias ambientales y de salud pública desastrosas.
Hacer políticas públicas a partir de dogmas ideológicos sin entender las implicaciones tiene consecuencias, esta será particularmente costosa.
POR JORGE ANDRÉS CASTAÑEDA
COLABORADOR
@JORGEACAST
avh