En lo que va del proceso electoral, que inició el 7 de septiembre pasado, se han registrado 151 agresiones a personas dedicadas a la política, prácticamente de todos los partidos.
De estas agresiones se han derivado 46 homicidios, de los cuales 90 por ciento sigue impune. Además, se han reportado 161 amenazas y actos de intimidación contra precandidatos.
Estos datos, además de ser lamentables, son una alerta sobre lo que podría suceder en los tres meses que faltan para la jornada electoral del 6 de junio.
No podemos desestimarlos ni considerarlos inevitables.
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Hace tres años, durante el proceso electoral de 2018, tuvimos alertas similares y por no atenderlas terminamos con 152 mujeres y hombres de oficio político asesinados, entre ellos 28 precandidatos y 20 candidatos, en un contexto de 774 agresiones contra políticos.
Incluso el 1 de junio, día de la elección, se reportaron 138 agresiones y 7 homicidios en el país.
Para no repetir estas altas cifras, es de esperarse que se establezcan medidas preventivas eficaces en los tres órdenes de gobierno para evitar que haya más víctimas y se inhiba la participación ciudadana.
Es indispensable, asimismo, que las fiscalías actúen con rapidez y eficacia para evitar que la impunidad siga alentando la repetición del delito.
La expedita solución de los casos permitirá identificar a los autores intelectuales y materiales, así
como sus móviles, a fin de diagnosticar con base en evidencias esta ola de violencia en contra de autoridades o protagonistas electorales.
Es necesario que los criminales que participan en estas agresiones sepan que no hay tolerancia para sus delitos y que quienes participan en ellos serán castigados.
Estas agresiones no deben clasificarse, al menos en su mayoría, como violencia política, sino como violencia delincuencial en contra de los políticos, que es distinto.
Puede afirmarse que los ataques contra autoridades y de actores del proceso electoral se deben en su mayoría al empeño de los grupos delincuenciales por controlar la política, los presupuestos y las policías de los gobiernos municipales.
Dos datos confirmarían esta hipótesis: de las 151 agresiones registradas hasta ahora, 45 fueron
en contra de alcaldes, en tanto que, en 2018, 90 por ciento de los ataques fueron contra funcionarios y candidatos del ámbito local.
Tenemos mucho que cuidar al respecto: primero las vida de los precandidatos, candidatos, dirigentes de partidos y servidores públicos; segundo, la tranquilidad y buena marcha del proceso electoral; y tercero, la salud de la democracia, todo lo cual es del mayor interés del país.
Por eso y por complejo que sea, las autoridades de los tres órdenes de gobierno deben prevenir y evitar la violencia criminal en el marco del proceso electoral más grande de la historia de México.
POR MAURICIO FARAH
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@MFARAHG