El Presidente se recuperó del Covid y se fue de gira a Puebla y Tlaxcala. En una de sus discursos, dijo que es un buen negocio acabar con la corrupción, que se han ahorrado más de un billón de pesos por no permitirla, y que con el ahorro se podrán comprar vacunas, sin necesidad de suspender las obras de su gobierno ni aumentar impuestos.
Estas aseveraciones suenan muy bien. Ahorrar siempre es bueno, y aprovechar lo ahorrado para apoyar la compra de vacunas, mejor. Pero las interrogantes surgen cuando escuchamos esas grandes cifras sin ningún sustento, sin asidero legal, sin origen conocido. ¿De dónde proviene ‘más de un billón de pesos’? ¿Dónde está ese dinero? ¿Quién lo administra? ¿Con qué criterios? ¿Es parte del Presupuesto 2021, que asciende a poco más de seis billones de pesos? ¿Quién dará cuentas de su uso?
Estas expresiones presidenciales son un botón de muestra de que la transparencia no es un elemento importante para esta Administración. La opacidad siempre tiene un tufo de corrupción; ocultar datos, cifras, procedencia, suscita desconfianza. ¿De verdad se ha ahorrado más de un billón de pesos?
Cuando no existe transparencia, la lucha contra la corrupción es mucho más complicada. ‘Nada más es cosa de no permitir la corrupción’,como si esto fuera resultado de una decisión voluntarista unipersonal.
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La corrupción está enquistada en el sistema político mexicano, y su erradicación requiere el concurso de todos los actores. El reconocimiento de esta verdad, que a todos nos interpela, llevó a la construcción del Sistema Nacional Anticorrupción. El mecanismo es perfectible, como todo lo humano, pero fue aprobado por el consenso de todas las fuerzas políticas, impulsado por organizaciones de la sociedad civil interesadas y conocedoras de cómo este cáncer puede atacarse con éxito.
La presente Administración, que presume de haber ahorrado tanto dinero por no haber permitido la corrupción, ha atorado el funcionamiento del Sistema que permite transparentar y evidenciar el mal uso de los recursos, su distracción para fines diversos, su utilización discrecional, su aprovechamiento interesado. ¿Qué está pasando?
El Comité de Participación Ciudadana (CPC) es el organismo rector del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). Su renovación está a cargo de Comité de Selección (CS) que designa el Senado de la República a través de una convocatoria a las Organizaciones de la Sociedad Civil y las Instituciones de Educación Superior y de Investigación.
Del CPC subsiste a la fecha un integrante de los cinco que deben conformarlo. Los otros deben ser nombrados por el CS, integrado por nueve personajes nombrados por el Senado, que no ha hecho su tarea. Tal parece que se ha reiniciado el procedimiento, y que el 5 de marzo, la Comisión Anticorrupción presentará ante la Junta de Coordinación su propuesta para la integración del CS.
Lo anterior parece un laberinto de siglas, más que un procedimiento administrativo, pero es producto de un largo trabajo de conciliación que llevó a la conformación de espacios de participación. Debe agotarse este recurso y conformarse tanto el CS como el CPC en el corto plazo.
Así estaremos en posibilidad de encontrar respuestas para el ‘más de un billón de pesos’ que el Presidente presumió en los polvorientos caminos de Tehuacán. ¡La lucha contra la corrupción requiere hechos, no discursos!
POR CECILIA ROMERO
COLABORADORA
@CECILIAROMEROC
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