En 1937, el movimiento de Revolución apenas terminaba de consolidarse en el país, nuestra democracia era vulnerable. Había una profunda desigualdad social y urgían mecanismos de control que protegieran a la población de abusos. La creación de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) fue una respuesta a ello.
Hoy seguimos siendo una sociedad profundamente desigual y necesitamos nuevos esquemas de productividad, más actuales y modernos. Estos deben crearse a partir de una correcta interpretación de la realidad.
La Reforma que pretende imponer el Presidente en el Congreso, sobre el trato preferencial de la CFE para la producción de energía eléctrica, nace de una visión trasnochada, que busca imponer una ideología nacionalista del siglo pasado, lo que significa rezagar a México ante la nueva tendencia mundial del mercado energético.
Dicha ley implica eliminar las subastas de compra de electricidad, sin tomar en cuenta a quienes pueden ofrecerla a menor precio y de manera sostenible. Privilegia, sin mayor criterio que el de la ideología, la compra de energía a terminales termoeléctricas obsoletas, ineficientes y contaminantes que producen a costos cinco veces superiores.
Bajo el esquema concebido en 2013, la compra de energía a productores independientes y plantas renovables permitió a la CFE disminuir el costo de su producción un 50 por ciento, con lo que le fue posible invertir de nuevo en infraestructura, algo que no hacía desde 1994.
Además de eso, los CEL’s (acrónimo de Certificados de Energías Limpias y no de “Celulares”, como algunos funcionarios de la Comisión Reguladora de Energía afines a la 4T afirman), son un mecanismo valioso para incentivar la construcción de nuevas plantas y han servido como plataforma para un modelo energético renovable en nuestro país.
Retroceder significa encarecer el costo de la electricidad. Se verá reflejado de una forma u otra, ya sea en las tarifas finales a los usuarios o bien, en un incremento de los subsidios por parte del gobierno. Lo que significará que éste deberá destinar al menos 135 mil millones de pesos para cubrir el diferencial de precios entre el costo de producción de la Comisión Federal de Electricidad contra el de los privados.
La CFE no es víctima de un supuesto “neo-porfirismo conservador”, como afirma el Presidente, sino de su propio estancamiento. Urge actualizar y transparentar su modelo de negocios.
Esta iniciativa preferente significa desequilibrar el mercado y con ello afectar a la mayoría de la población, ¿cuál es el sentido entonces de dicha política pública?, aparte de un nacionalismo fundamentado en la nostalgia.
Soberanía Nacional no significa tener empresas de Estado controladas con discrecionalidad y motivadas por ideología.
Significa más bien darle libertad a los mexicanos para decidir el mejor modelo de desarrollo posible. Darles el derecho a electricidad barata y limpia que garantice un medio ambiente sano y mejores niveles de competitividad.
Eso sí sería motivo de gran orgullo mexicano.
POR GINA TRUJILLO
COLABORADORA
@GINATRUJILLOZ
lctl