Uno de los mayores retos que enfrenta nuestro país es el crecimiento desordenado de los asentamientos urbanos. Las zonas metropolitanas han presentado una expansión y crecimiento demográfico muy significativo en las últimas décadas, pero se ha olvidado la planeación orientada al transporte. Esto es de extrema relevancia, toda vez que las políticas públicas que fomentan la movilidad sustentable a nivel local permiten condiciones de bienestar compartido y, al mismo tiempo, generan un impacto global al acercarnos al cumplimiento de los compromisos y obligaciones en materia de cambio climático.
Actualmente, las ciudades están diseñadas en mayor medida para los automóviles que para las personas por lo que la planeación urbana orientada a la movilidad nos permitirá generar una transición hacia ciudades más sustentables y resilientes. Esto puede ser observado en la evolución del parque vehicular que, entre 1990 y 2017, creció a una tasa anual promedio del 5.3% mientras que la población lo hizo a una tasa del 1.5%. Lo anterior se traduce en que había más de 50 millones de vehículos en circulación en 2019 y las expectativas apuntan a continuar con esta tendencia durante la próxima década, generando mayores demandas en materia de inversiones en infraestructura vial, obras públicas y estacionamientos.
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En ese sentido, se estima que las externalidades negativas que genera el uso del automóvil nos cuestan alrededor del 4% del PIB. Sin embargo, la transición modal hacia medios de transporte masivo no es el único reto, de acuerdo con el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados, el 52% de la población considera que los vehículos de transporte público son los que más contaminan por lo que resulta necesario implementar esquemas de transporte masivo sustentables, que utilicen energías limpias y sean más eficientes en el uso de los recursos.
Bajo el mismo tenor, las estimaciones del Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo indican que alrededor del 30% de los fondos federales fueron destinados la movilidad urbana. Sin embargo, el 80% de estos proyectos fueron para el desarrollo de infraestructura para la circulación de automóviles privados. Esta cifra resulta muy reveladora al considerar que cerca del 70% de la población se desplaza utilizando medios de transporte masivo -camión, taxi, combi o colectivo- o caminando, sin que se destinen mayores recursos para estos sectores.
Diseñar políticas públicas que mejoren la calidad de vida de los mexicanos a través de proyectos de movilidad implica apostar a un futuro en el que se el transporte público sea más seguro, eficiente, confiable y accesible para toda la población. De cara a un proceso electoral y la apertura a una nueva normalidad, será indispensable privilegiar la creación de espacios para la implementación de mecanismos financieros y administrativos que fomenten la adopción de proyectos de movilidad sustentable que permitan detonar el desarrollo económico y social en todo el país.
EMILIO SUÁREZ LICONA
CONSULTOR Y PROFESOR DE LA UNIVERSIDAD PANAMERICANA
@EMILIOSL