Aunque durante 2020 se tuvieron ciertos avances en México y algunos países de América Latina en la percepción de la corrupción, aún están muy por debajo de los parámetros de eficacia en el sector público.
México obtuvo 31 puntos de 100 en el Índice de Percepción de Corrupción (IPC) de Transparencia Internacional, por lo que ocupó el lugar 124 de 180 países que están en esta medición. Subió dos puntos con relación al índice de 2019, un avance minúsculo frente a los retos que origina una pandemia mundial –como la que estamos viviendo– con repercusiones sociales y económicas.
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En 2014, México tuvo su mejor calificación con 35 puntos y de ahí fue bajando año con año, por eso es de reconocer esta mejoría, en la que logró escalar seis lugares del ranking.
Este índice se calcula utilizando 13 fuentes de datos diferentes de 12 instituciones distintas, estandarizándolos en una escala, donde tener menos de 50 puntos es el común denominador, al menos entra las dos terceras partes de las naciones evaluadas.
En el caso de México, uno de los motivos de la baja puntuación frente a otros países, es la falta de sanciones de actos de corrupción. Es decir, se transparentan y publican, pero no se les vincula a proceso frente a la evidente comisión de delitos. En pocas palabras: impunidad.
En medio de la emergencia sanitaria, entre los retos para 2021, se encuentra favorecer mecanismos de rendición de cuentas y la generación de espacios donde la ciudadanía sea participativa, corresponsable y solidaria para enfrentar colectivamente problemas comunes.
Algunas de las apuestas son la transparencia proactiva y los ejercicios de gobierno abierto, sin embargo, no basta con micrositios y espacios virtuales informativos para mejorar la atención de las autoridades.
Se requiere también avanzar con otras herramientas en la prestación de servicios y vigilancia del gasto público para llegar a una fase de mayor desarrollo: la de transformación y participación democrática.
Y, por supuesto, se requiere el fortalecimiento de las instituciones, no su desmantelamiento. Dentro de las recomendaciones para México, Transparencia Internacional señala que es necesario reforzar el trabajo de la Auditoría Superior de la Federación y del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; la primera para que fiscalice el gasto en tiempo real y la segunda para que garantice el principio constitucional de “máxima publicidad”.
No debemos perder de vista que 2021 es un año electoral. De ahí que resulta indispensable que las instituciones públicas que integran los sistemas anticorrupción en las entidades federativas incrementen las acciones coordinadas de prevención y vigilancia para evitar cualquier posible desvío de recursos para favorecer una campaña, a un candidato o a un partido político, con condiciones de mayor riesgo por la atención de la COVID-19.
POR NALDY RODRÍGUEZ
*COMISIONADA PRESIDENTA DEL INSTITUTO VERACRUZANO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES