Ya se fue Donald Trump, pero continúan sus políticas migratorias. El presidente Joe Biden ha tenido que lidiar con el creciente flujo de migrantes en la frontera sur de Estados Unidos. Aunque una de sus promesas electorales era implementar una estrategia migratoria más humana y digna, ha mantenido ciertas medidas de su antecesor para frenar el ingreso de miles de personas al país. El objetivo principal de la Casa Blanca es evitar que los republicanos utilicen la crisis fronteriza como un arma política en las elecciones intermedias del próximo año, en las cuales los demócratas podrán perder la mayoría débil que tienen en ambas del Congreso.
Para México, convertirse en el muro fronterizo de su vecino representa la expansión con financiamiento estadounidense de los programas Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro al sur del país y a Centroamérica, un logro que se anunció durante la reunión bilateral entre el presidente López Obrador y Joe Biden en el marco de la Cumbre de Líderes de América del Norte.
En agosto, un juez federal de Texas ordenó a la Casa Blanca que restaure el polémico programa “Permanezcan en México” (MPP, en inglés), que obligaba a los indocumentados que solicitaban asilo en la frontera sur de EE.UU. a esperar en el país vecino hasta su fecha de audiencia en cortes migratorias estadounidenses. El fallo fue un revés para Biden, quien en su primer día al cargo suspendió el programa, impulsado en 2019 por el gobierno de su predecesor y por el que Estados Unidos envió a más de 70 mil indocumentados que cruzaron la frontera a que permanezcan en México durante meses o años, debido al retraso de peticiones que existen en las cortes.
Durante meses, se llevaron a cabo negociaciones entre la Casa Blanca y el gobierno mexicano para definir las condiciones en las que se restablecería el programa. El secretario de Relaciones Exteriores anunció que México permitirá la deportación de migrantes a partir de este lunes, ya que Estados Unidos se comprometió a atender todas las preocupaciones del gobierno de la Cuarta Transformación.
La posibilidad de que Estados Unidos reactivará el “Quédate en México” provocó que el gobierno mexicano solicitara a la administración Biden recursos adicionales para albergues y apoyo a organismos internacionales. México puso sobre la mesa algunas cuestiones humanitarias, entre ellas la necesidad de mejorar las condiciones para las personas migrantes y solicitantes de asilo, de modo que cuenten con mejor asesoría legal en sus procesos migratorios y que transcurran de la forma más expedita posible. De igual forma, exigió que los migrantes contaran con acceso a atención médica y vacunación contra el COVID-19.
El regreso del programa presenta varios desafíos para ambos gobiernos. El presidente Biden y el partido demócrata tendrán que desarrollar una estrategia para contrarrestar los argumentos de los republicanos de que la única manera que la actual administración logró frenar la migración fue gracias a las políticas de Trump, como el Título 42 y el Permanece en México. Es decir, las medidas de mano dura que tanto criticaron los demócratas del expresidente ahora son un eje central de su política migratoria.
Por su parte, la presencia de miles de personas deportadas a territorio nacional se convertirá en una crisis humanitaria para México. Los migrantes corren el riesgo de caer víctimas del crimen organizado, el secuestro, el tráfico de personas y de ser aprovechados por los “polleros”.
También, el país se está convirtiendo en un destino para los migrantes. Según datos de la Comar, el gobierno de México recibió de enero a octubre de este año 108 mil 195 peticiones de migrantes que buscan refugio, lo que representa un aumento de 73 por ciento en comparación a los primeros 10 meses de 2019.
AMLO se cuelga la medalla de fortalecer sus programas sociales, pero eso de ya no ser el patio trasero de Estados Unidos deja mucho que desear.
POR MARINA SAN MARTÍN REBOLLOSO
COMISIONADA INFOCDMX
@NAVYSANMARTIN
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