La falta de medicamentos en las farmacias de los hospitales públicos llegó a tal grado que Andrés Manuel López Obrador, sin aceptar error alguno, se exasperó con los más altos funcionarios del sector salud. Aunque después matizó, el enojo había quedado registrado. De eso han pasado 20 días, y al noticiero de televisión que conduzco llegan diario denuncias de derechohabientes que se quedan con las recetas en la mano, porque no les surten las medicinas.
Esta semana han escaseado hasta las aspirinas en el Seguro Social, hospitales de las Fuerzas Armadas y clínicas públicas. Hace semanas se reportó la falta de fármacos para la alta presión y diabetes. Ni hablemos de los tratamientos anticáncer o de enfermedades cardiacas. Un general retirado fue nombrado como responsable de Birmex (Biológicos y Reactivos), la empresa con mayoría de participación estatal.
Pero si el problema de las compras no se resuelve, el General Jens Pedro Lohman fracasará en su misión. En febrero del año pasado, el gobierno federal recurrió a la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) para buscar medicinas y remediar el desabasto. Lo hizo después del fracaso de Hacienda para intentar las compras directamente, luego de acusaciones de corrupción en procesos de la pasada administración. Resultó contraproducente. No sólo se recibieron menos, sino que se duplicaron los procesos y adjudicaciones directas.
Representó al sector público comprar más caro. De acuerdo al Instituto Farmacéutico, en 2018 se adquirieron mil 700 millones de piezas, y se redujo a mil 300 millones en 2020. Incluyen tratamientos terapéuticos como oncología, cardiología, vacunas, neurología y hasta material de curación. Esta administración pagará 125 mil millones de pesos a la UNOPS para comprar medicamentos, con una comisión por sus servicios de más de 2 mil 224 millones de pesos al tipo de cambio de hoy.
El contrato está vigente hasta 2024. Pero las acusaciones por la opacidad de las operaciones han aflorado. Por ser un organismo internacional, la UNOPS no está obligada a cumplir con las leyes de transparencia mexicanas. Ante eso, la excomisionada del IFAI María Elena Pérez-Jaén solicitó a la Contraloría Interna de la ONU iniciar una indagatoria para esclarecer los procesos de adquisición.
El gobierno sostiene que se ha ahorrado dinero y que han conseguido rebajas en muchos productos, aunque hay casos que los desmienten. Por ejemplo, el midalozam, un sedante esencial que costaba 80 pesos en una compra consolidada, pero ante la escasez algunos organismos debieron adquirirlo a 200 pesos, algunos hasta llegaron a pagar mil pesos.
La preocupación crece porque no hay garantía de que UNOPS cumpla con los plazos de adquisiciones en 2022. Por eso ahora se hacen compras al vapor a través del Insabi. Todo un tiempo perdido para la salud de los mexicanos. Que no nos sorprendan los números que reflejan una mayor mortandad.
POR CARLOS ZÚÑIGA PÉREZ
COLUMNISTA
@CARLOSZUP
MAAZ