El abuso y atropello provienen de la propia autoridad. El ataque no sólo existe, sino que ya es abierto y frontal. Van contra la justicia y la democracia, los dos pilares más importantes de cualquier Estado libre. No hay empacho en ocultar objetivos y procederes.
Una muestra inequívoca de lo anterior es la apuesta que juega el presidente en turno de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, al haber denunciado penalmente a los consejeros del INE que votaron por aplazar los preparativos de la consulta de revocación de mandato hasta que la SCJN no se definiera al respecto. Lo votado en el seno del Consejo General de Instituto Nacional Electoral fue un aplazamiento, no una suspensión ni provisional ni definitiva, acto conforme al cual en ningún momento sobrepasaron las facultades conferidas por ley.
Aun así, ayer se anunció que dicha denuncia fue aceptada y comenzó a ser ejecutada por la FGR, donde se arma una carpeta de investigación contra los seis consejeros electorales que votaron por el mencionado aplazamiento. Los delitos que se les imputan son “coalición de servidores públicos” y “abuso de autoridad”.
Lo absurdo de la situación en la que se encuentra la realidad institucional de la República es tal, que el abuso y el atropello provienen de la propia autoridad, en este caso la Cámara baja y la Fiscalía, al convertirse en “garrote amenazante” contra quien cumple su deber y osa contravenir los deseos y caprichos del régimen autodenominado Cuarta Transformación.
La Barra Mexicana de Abogados inmediatamente se pronunció y dejó claro que considera que las denuncias en contra de los consejeros del INE son un atentado a la autonomía del organismo y la independencia de sus integrantes. “Condenamos el uso de la justicia penal para amenazar a miembros de instituciones del Estado mexicano y la Asociación de Instituciones Electorales de las entidades federativas”, dijeron.
En México existe una nueva certeza: el ataque constante y desmedido desde la administración pública federal contra el árbitro electoral que ha validado los triunfos que hoy los tienen en el poder.
Al INE, primero le negaron el presupuesto necesario para cumplir con sus obligaciones; después lo amenazaron penalmente por aplazar el proceso en preparación para un ejercicio constitucional mientras conseguían recursos (o bien la SCJN les permitía hacer una consulta de otras dimensiones como resultó finalmente); por último la Fiscalía General —que no actúa de forma autónoma— echa a andar la ejecución de la denuncia.
Ese órgano autónomo, desde que nació como Fiscalía, se ha convertido en un ente que permite el abuso y la venganza de su titular, además de volverse en el instrumento de sanción de corte penal del régimen con el cual “asesta golpes” a placer. Antes mostró su cara con la prisión preventiva ejecutada contra Rosario Robles Berlanga; hay más, aunque ya se había dado la orden judicial de dejar sin efecto la prisión justificada, no se acató el ordenamiento (al grado que el juez tercero de Distrito de Amparo, Augusto Octavio Mejía Ojeda, vuelve a dejar sin efecto la prisión preventiva ordenando fecha y hora para modificar la medida cautelar).
Esto que accionan en contubernio Morena, el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y la FGR como órgano constitucional es un vil atropello a la ley y a todos los mexicanos. Aquí tenemos un ataque concertado para dar fin al órgano electoral.
Desaparecer el INE es artero, digno de un aparato y una vuelta al pasado. Por su parte, la procuración de justicia no puede estar en manos de una persona vengativa que usa la Fiscalía para sus vendettas personales (como es el encarcelamiento de Alejandra Cuevas) o para armar carpetas contra funcionarios que incomodan a las autoridades.
Esto que está sucediendo es la ruina de México. Literal.
POR VERÓNICA MALO
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@MALOGUZMANVERO
MAAZ