Es cierto que la corrupción es una de las mayores lacras -y la impunidad, su compañera de banca. Es cierto que para combatirla se creó una secretaría especializada pero los distintos sexenios priístas y panistas no hicieron sino llenar de formularios y trámites los procesos de licitación y de supervisión, haciendo la vida de los funcionarios honestos muy compleja. La cantidad de horas dedicadas a la contraloría o a la actual Secretaría de la Función Pública y no usadas para trabajar en las verdaderas políticas públicas debiera ser, en sí misma otra forma de corrupción. A un delegado que colocaron en cultura en mi estado natal se le escuchó decir: “Me pusieron aquí por castigo, aquí no hay obra pública”; una frase que, en un botón indica el grado de corrupción, porcentajes, moches que eran parte de nuestra vida pública.
Es cierto también que la honestidad del presidente, sus buenas intenciones, su proyecto transformador nacen, como dijo él, de la cabeza y el corazón. Pero de ahí a que por arte de magia el sistema burocrático y político de México se limpie con el ejemplo hay un gran trecho. Esa es la razón por la que un decreto como el recientemente publicado en el Diario Oficial de la Federación causa alarma, pues crea de facto un estado de excepción donde la obra realizada por la Sedena o la encargada por el presidente está eximida del escrutinio público. Es cierto, también, que la oposición ramplona no ve con buenos ojos nada de lo realizado en el sexenio, ni siquiera evalúa los logros en algunos rubros, incontrovertibles. ¿Por qué darles la razón en su cantaleta sobre el autoritarismo del presidente con una ley que pone al propio ejecutivo fuera de la legitimidad?
Antonio Gramsci tenía razón al afirmar: “la crisis consiste, precisamente en el hecho de que lo viejo se muere y lo nuevo no alcanza a nacer; en este interregno aparecen una gran variedad de síntomas mórbidos”. Si la autollamada 4T quiere salir del interregno y la próxima presidenta -casi un hecho consumado previamente- continuar su labor de cambio social hay que buscar otra estrategia. Una legal y legítima. En este país, Emiliano Zapata y Otilio Montaño firmaron el Plan de Ayala con estas dos palabras: justicia y ley. Porque no son sinónimo, porque puede haber leyes injusticia y justicia ilegal. Lo firmaron así porque el estado de derecho no puede proclamarse como bandera allí donde una gran mayoría no tiene derecho al estado. Ese doble compromiso debiera ser siempre el de las izquierdas: justicia (social, sobre todo) y ley.
México está hecho pedazos, como si un maniático se hubiese dedicado a destruirlo
Sin ton ni son. De los trozos -unos grandes, unos pequeñísimos, todos sin alguna forma desde la que pueda reconocerlos- no puede volver a hacerse nada. No hay pegamento suficientemente fuerte y ni el menor de los ingenios podría recuperar lo que alguna vez fue el todo. ¿O es que acaso nunca hubo un todo y el lugar que conocimos como México fue siempre el capricho de un demente? Ese, el acto fundacional de la nación acaso fuera el mayor despropósito.
No puede, entonces, transformarse este México despedazado en otra cosa apelando a la polarización, fomentándola, buscando solo a los leales, cercenando a los críticos. El hecho de que el presidente utilizara la mañanera para denostar a Carmen Aristegui llamándola -su insulto favorito- conservadora es conspicuo. La izquierda crítica que no fue autocrítica -ejemplos sobran- sucumbió ante su propia cerrazón ideológica, doctrinal, dogmática. No se puede ejercer el arte de gobernar (y por ende de negociar) sin escuchar a los otros, sin atender a los críticos, sin atemperar las reacciones. Se debe gobernar con una bolsa de hielo en la cabeza, con un espíritu abierto y curioso de las nuevas ideas. Sumar, no restar es la tarea del político.
Giorgio Agamben en Homo Sacer (I y II) cuestiona ese momento en que el poderoso suspende el derecho para asegurar su continuidad. Si el soberano -como quería el conservador Carl Schmitt- es aquel que decide el estado de excepción, su implementación práctica por ejemplo con la militarización de lo público es un hecho incontrovertible en México. Lo que el filósofo italiano estudia debiera ser una alarma: el estado de excepción borra la frontera entre democracia y absolutismo.
POR PEDRO ÁNGEL PALOU
COLABORADOR
@PEDROPALOU
PAL