La andanada de ataques contra el INE por haber cuestionado la realización de una consulta ciudadana sin los recursos necesarios para cumplir con las condiciones que la ley exige para su ejecución, son parte de una estrategia meditada por parte de la 4T en su intento por descabezar al Instituto y convertirlo en otro “órgano autónomo” bajo control gubernamental.
Y es que para López Obrador las formas de un proceso democrático no tienen valor frente a la superioridad del objetivo a conseguir. Si de lo que se trataba era de cancelar el aeropuerto de Texcoco, bastaba poner unas cuantas urnas en algunos lugares del país y que unos miles de militantes de Morena acudieran a votar y con ello se legitimaba la destrucción de un proyecto necesario y rentable. Las asambleas en donde el Presidente pregunta y la masa responde son prácticamente una extensión de este mecanismo populista y antidemocrático destinado a legitimar una decisión previamente tomada.
La revocación de mandato es un recurso que permite retirar de su puesto a un gobernante antes de que su periodo concluya, si el grado de descontento social es tal que amerita un referéndum para ello. Cuando un caudillo con alta popularidad llama a una consulta de este tipo, lo que busca es extender su mandato o catapultar un movimiento en aras de darle la continuidad que teme pudiera desplomarse en elecciones venideras. Así lo hicieron Chávez en Venezuela y Evo Morales en Bolivia, y así lo intenta realizar AMLO en México.
Pretender obligar al INE a organizar una consulta sin darle recursos para ello, es intentar forzarlo a simular un proceso de manera similar a los realizados por Morena y el Presidente. En el fondo, se trata de una trampa. Llevarán a cabo la consulta con o sin INE, culpándolo por negarse a cumplir con su estrategia político-electoral. A partir de ahí la ruta estará trazada.
Descabezar al INE y promover una reforma electoral que supedite al organismo a las directivas del gobierno para reducir su autonomía al mínimo, anulando su estructura profesional en nombre de la austeridad republicana. Se trata de evitar que el Instituto pudiese vigilar no la revocación de mandato, sino la elección presidencial del 2024 donde se estaría jugando la continuidad de la 4T.
En nombre de una democracia participativa inexistente en la práctica, se está derribando el último bastión que garantiza procesos electorales transparentes y equitativos. No hay tregua en esta lucha por hacer desaparecer la pluralidad, el cumplimiento de las normas legales y lo más importante, el respeto a la posibilidad de una alternancia en condiciones de equidad y competencia justa.
POR EZRA SHABOT
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