El régimen de Nicolás Maduro enfrenta una investigación por violaciones de derechos humanos en la Corte Penal Internacional (CPI). A principios de noviembre, el fiscal jefe de la CPI, Karim Khan, realizó una visita oficial a Caracas, en la cual anunció la apertura de una investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
La decisión de la CPI, con sede en La Haya, de investigar formalmente a un país por crímenes cometidos es la primera de su tipo en la historia de Latinoamérica, abriendo el camino para que cientos de victimas obtengan justicia. La investigación se basa en un examen preliminar de la CPI en 2018 por la acción de efectivos de seguridad en las protestas que estallaron el año anterior. Las protestas masivas de 2017 fueron provocadas por el régimen Maduro con la intención de despojar a la Asamblea Nacional opositora de sus poderes y reemplazarla con una Asamblea Constituyente totalmente controlada por el gobierno.
Durante las protestas, las autoridades de seguridad realizaron miles de arrestos arbitrarios y dejaron a cientos de personas muertas. Según la oficina del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 124 manifestantes murieron y más de cinco mil personas fueron detenidas.
Aunque Maduro dejó claro que no comparte la decisión del fiscal de la CPI, aceptó firmar un memorándum de entendimiento que establece mecanismos para aumentar la cooperación entre ambas partes. No obstante, el documento afirma que aún no se ha identificado a ninguna persona sospechosa, debido a que la investigación se encuentra en sus primeras etapas.
El gran reto que tiene Khan es encontrar pruebas suficientes que demuestren responsabilidad penal para presentar cargos contra los individuos que cometieron los crímenes. Los recursos de la Corte son limitados y el fiscal tendrá que concentrarse en investigar a un grupo reducido de personas para poder probar la culpabilidad de los acusados. La CPI sólo puede intervenir cuando algún Estado no está dispuesto o no puede llevar a cabo investigaciones y enjuiciamientos dentro de su país. Mucho dependerá en que tanto estarán dispuestas las autoridades venezolanas en cooperar con las exigencias del fiscal y de la Corte.
Si bien es cierto que el fiscal tiene la facultad de solicitar una orden de arresto contra un individuo si puede demostrar motivos razonables que cometió un delito, la CPI depende del Estado venezolano para detener y entregar a La Haya a cualquier persona que determine posiblemente culpable. Es decir, si Maduro no quiere que sus funcionarios más cercanos enfrenten cargos, los podrá proteger al interior del país.
Es una prueba de fuego para Nicolás Maduro. La mayoría de la comunidad internacional ha rechazado la situación que atraviesa Venezuela. En 2019, más de cincuenta países democráticos reconocieron a Juan Guaidó como presidente interino, establecieron sanciones económicas, y apoyaron varios procesos de negociación entre la oposición y el régimen. Sin embargo, no han sido suficientes para revertir la dictadura en Venezuela, mucho menos para iniciar un proceso de transición a la democracia.
La investigación de la CPI es otro esfuerzo y llamado en contra de la crisis política, humanitaria, social y económica que enfrenta Venezuela. El anuncio fue festejado por la comunidad internacional, pero podrá ser otra maniobra por parte de Nicolás Maduro para aparentar que coopera con autoridades internacionales, cuando lo más seguro es que lo utilizará como otra oportunidad para perpetuarse en el poder. Al tiempo.
POR LILA ABED
POLITÓLOGA E INTERNACIONALISTA
@LILAABED
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