La semana pasada el gobierno de México publicó en el DOF un acuerdo que instruye a las dependencias de la Administración Pública Federal a otorgar autorizaciones provisionales a todos los trámites requeridos para las llamadas obras estratégicas de esta administración. Esta autorización provisional deberá emitirse a los cinco días de haber sido solicitada y tendrá una vigencia de un año.
Muchos piensan que el objetivo de este acuerdo es mantener los proyectos prioritarios en la opacidad. Pero no se trata de eso, el objetivo de este acuerdo es agilizar los trámites burocráticos que son parte del proceso de aprobación y seguimiento de cualquier inversión pública.
Lo que este acuerdo va a permitir es acelerar o saltarse todos los requisitos previos como manifestaciones de impacto ambiental, los estudios costo beneficio y los requisitos de seguimiento asociados a proyectos en la cartera de inversión, que las dependencias deben entregar a la SHCP. ¿Esto es bueno o malo? Pues depende.
Por una parte, es cierto que todos estos requerimientos burocráticos han sido un obstáculo en todo el mundo para llevar a cabo proyectos. El famoso Not In My Back Yard en Estados Unidos ha impedido que obras de infraestructura fundamentales, como un tren de alta velocidad en California, se puedan llevar a cabo. El ejemplo extremo contrario es el caso chino.
Donde para hacer la presa de "Las tres gargantas" se desplazaron a casi 2 millones de personas de forma autoritaria porque el lugar donde vivían era un obstáculo para el plan de desarrollo de la nación. En el caso del gobierno anterior, más allá de la corrupción rampante (y falta de justificación) en el proyecto del Tren México-Toluca, uno de los grandes problemas fue la falta de derecho de vía entre Santa Fe y Observatorio. Con este acuerdo hubiera sido bastante más fácil expropiar la tierra por donde pasaría el tren y quizá lo habrían terminado.
Pero, por otro lado, en efecto, tener instituciones legales que protejan a los ciudadanos de las arbitrariedades del Estado cuando se trata de grandes obras de infraestructura tiene costos, y muy grandes, sobre todo en cuanto a eficiencia. Hacer proyectos conforme a la ley cuesta más dinero y toma más tiempo. Pero estos requerimientos burocráticos nos cuidan a todos. Obligan al gobierno, que en principio está ahí para cuidar los intereses comunes y los bienes públicos, a respetar ciertas reglas, como no contaminar junto a grandes centros urbanos.
En el fondo, esto es lo que en lenguaje neoliberal se conoce como cortar "red tape" y es una de las recetas neoliberales predilectas. Este acuerdo parece más pensado por un banquero de inversión que asesoraba a grandes empresas, que por alguien de izquierda dedicado al servicio público.
En este caso como en muchos otros, vale que el gobierno piense muy bien para quien trabaja. Hoy los proyectos son “buenos” porque se lo ocurrieron al presidente. Pero mañana quién sabe, no vaya a ser que los ogros neoliberales un día regresen al poder y se les ocurra hacer esto mismo.
JORGE ANDRÉS CASTAÑEDA
COLABORADOR
@JORGEACAST
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