Mientras sigue en tribunales el tema de poner topes a las comisiones que cobran las Administradoras de Ahorro para el Retiro (Afores) todo indica que el primer paso para ajustarse a la nueva realidad del Sistema de Pensiones serán los recortes. Fue en 2020 cuando la Comisión Nacional de Ahorro para el Retiro (Consar) decidió reformar el marco legal del sistema desestimando la opinión de las Afores que ven venir una concentración mayor del mercado, de ahí que Azteca, Coppel y Sura optaron por buscar la protección que les otorga la ley.
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Le adelanto que la primera medida, de prosperar la nueva regulación, será un ajuste importante en el número de promotores que trabajan en las Afores, que se calcula en unos 50 mil y donde se habla de al menos un recorte de personal de 20 por ciento.
Otra medida será recortar todo lo relativo a promoción, lo que no abona nada bueno para el plan de gobierno de la 4T de atraer a nuevos participantes al sistema, como son los millones de trabajadores independientes que siguen sin seguridad social.
La prioridad de las 10 Afores que conforman el sistema es salvaguardar los intereses de 67 millones de trabajadores en espera de los expedientes que revisa el juez primero de distrito en materia administrativa Especializado en Competencia Económica, Rodrigo de la Peza, quien consideró que un tope de 0.57 por ciento a las comisiones ante los amparos solicitados podría generar distorsiones en los mercados ante la nueva regulación que pretende impulsar la Consar, de Iván Pliego Moreno, en un momento complejo para la economía.
LA RUTA DEL DINERO
Al parecer se saldrá con la suya Alfredo Orellana Moyao, director de coordinadores del Banco del Bienestar, principal señalado de impulsar la adjudicación directa que la institución del gobierno federal le otorgó en octubre pasado a Bahud Processing México, filial de la firma panameña Global Recash SA de CV, para los “Servicios integrales administrados de procesamiento de operaciones y transacciones bancarias mediante tarjetas de crédito o débito” por la friolera de 18 mil millones de pesos.
Una solicitud de transparencia al departamento de Recursos Humanos reveló que el banco no tiene una formal relación laboral con Orellana Moyao, muy probablemente porque este se encuentra en la plantilla de trabajadores que, a pesar de ir en contra de los principios de la 4T, operan en la dependencia vía outsourcing.
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Pero decíamos que se saldrá con la suya porque el oneroso contrato ya se encuentra aprobado por el Consejo del banco, por lo que los esfuerzos de dependencias como la CNBV, de Jesús de la Fuente, la Secretaría de la Función Pública, de Roberto Salcedo Aquino y la Fiscalía General de la República, que lleva Alejandro Gertz Manero, de investigar las probables anomalías quedarán en el olvido.
POR ROGELIO VARELA
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