No es un secreto a voces. La compra de votos en México se lleva a cabo de muchas maneras, principalmente mediante el pago en efectivo a brigadas de “simpatizantes” que caminan entre colonias y secciones electorales para pedir el voto de los vecinos a favor del candidato o candidata que les paga.
Durante las campañas electorales, los partidos políticos entregan diferentes objetos con la intención de que la gente vote por ellos. Si bien, hay algunos productos permitidos por ley, con más frecuencia se han prohibido diversos artículos.
Sin embargo, en 2009 apareció una nueva herramienta para la compra de votos: las tarjetas electrónicas cargadas con dinero en efectivo. Probablemente usted recuerde el caso de las tarjetas Soriana, el entonces candidato a la presidencia, Andrés Manuel López Obrador, denunció en 2012 el uso de éstas por parte del candidato del PRI, Enrique Peña Nieto. Fue su principal argumento para exigir un recuento de votos y la anulación de la elección. Afirmó que había sido una “elección sucia a todas luces” y acusó a ese partido de comprar casi 2 millones de votos tan sólo en el Estado de México.
En 2017 la entrega de éstas en Coahuila y en el Edomex puso en riesgo la validez de la elección. Entonces el INE modificó su Reglamento de Fiscalización prohibiendo de manera expresa la entrega de un beneficio directo o indirecto, en efectivo o en especie, por los actores políticos, durante los procesos electorales. Si bien el TEPJF (SUP-REP-638/2018) ha permitido el uso de propaganda electoral en formato de tarjetas durante campañas, ha puesto como restricción que no incluyan un beneficio incorporado o dádiva, ya que el artículo 209, numeral 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales prohíbe la entrega de cualquier material donde se dé un beneficio mediato o inmediato, infracción que se conoce como clientelismo electoral.
Hoy me gustaría conocer la opinión del presidente López Obrador sobre la tarjeta Claudia que ha empezado a repartir la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, mediante la cual reparte “becas” utilizando una red de funcionarios públicos para promocionar su imagen, disfrazada de programa social.
Hoy se debe aprobar el presupuesto en la Cámara de Diputados de la Ciudad de México, y para este “programa” solicitó más de mil 138 millones de pesos. Son recursos públicos, no es dinero privado.
¿Quién puede competir contra eso?
A todas luces es una sucia estrategia electoral y un robo de recursos públicos porque un programa social tendría beneficiarios inscritos que cumplan con los requisitos del mismo. En cambio la tarjeta Claudia se reparte sin distinción entre personas y grupos que más votos le podrán redituar en 2024. Estimado lector de la capital, ¿usted ya tiene su tarjeta?
Es cuánto.
POR JORGINA GAXIOLA
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@JORGINA_GAXIOLA
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