En nuestra pasada entrega advertimos que Oaxaca atraviesa por dos crisis que debemos vencer con políticas públicas notoriamente novedosas.
Dijimos que por un lado hay una crisis económica que obstaculiza en forma permanente y recurrente su crecimiento económico, la generación de empleos y la atención a la pobreza extrema. Pero que también existe una crisis política que en los últimos años se ha recrudecido.
La falta de una política económica para orientar e impulsar el desarrollo económico de Oaxaca ha influido para que nuestras empresas locales tengan enormes dificultades para adaptarse a un entorno económico altamente competitivo, y que esto se traduzca en un menor crecimiento económico y en una reducida capacidad para generar empleos. Asimismo, la falta de competitividad ha llevado a que los empresarios oaxaqueños sean los responsables de promover su propio desarrollo, sin auxilio alguno del gobierno. Yo creo que eso debe corregirse.
El hecho de que cada empresa local haya tenido que promover su competitividad -sin una adecuada articulación estatal- se ha traducido en el establecimiento de una estrategia dirigida únicamente para las empresas más grandes. Por ello no es casualidad que sólo algún tipo de empresas de los sectores líderes (que no rebasan el 3% de las empresas locales), sean las que mejor se han adaptado a este mercado competitivo.
Por su parte, la economía tradicional predominantemente indígena, aun cuando comparte algunos problemas con el sector moderno, tiene su propia agenda. Sin lugar a dudas su principal problema radica en el establecimiento de una política de fomento que respete la jerarquización autónoma de sus propias prioridades.
A la comunidad indígena erróneamente se le considera como socialmente inviable y poco rentable económicamente; creo que ha sido un tremendo error haber orientado la inversión pública estatal hacia una actividad predominantemente de mercado, alejada de las reales potencialidades que existen en las regiones, de sus tradiciones y, principalmente de las demandas económicas y reclamos sociales de sus habitantes.
Por estas razones, es urgente establecer una política económica que concentre su actividad e inversiones en las pequeñas comunidades indígenas y en los proyectos estratégicos regionales, que fomente la consulta ciudadana para asignar recursos económicos.
Por su parte, la crisis política vinculada con la centralización del poder político también ha tenido una repercusión negativa en el desarrollo económico.
De igual forma, resulta claro afirmar que sólo en un entorno democrático, existirán las condiciones adecuadas para formular las estrategias que demandan la transformación de la economía oaxaqueña. La cerrazón política del gobierno estatal y de los grupos políticos tradicionales está actuando negativamente, no sólo contra la sociedad oaxaqueña, sino también en contra de su economía.
POR BENJAMÍN ROBLES MONTOYA
DIPUTADO FEDERAL DEL PT
@BENJAMINROBLESM
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