Llegamos ya a la mitad del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador y vemos como, tal vez de manera precipitada, el entorno político se ha ido acomodando de tal forma en la que se van perfilando nombres, posturas y cercanías políticas de quienes pretenden darle continuidad al tan mencionado “movimiento de regeneración nacional” de la “cuarta transformación de la vida pública del país”. No se trata de una cuestión menor, la continuidad en el poder de un movimiento social derivado a fuerza institucionalizada gracias a la legitimidad de un personaje con la popularidad del presidente López Obrador será un tema complejo.
Lo anterior, debido a que hoy día se sabe que nadie dentro de ese partido tiene la posibilidad individual de posicionarse en el imaginario colectivo de esa forma, por lo que la búsqueda de un sucesor se vuelve una tarea compleja pero muy atractiva para muchos aspirantes. No obstante de que muchos se pueden nombrar contendientes en una carrera interna cada vez más reconocida y competida, la realidad es que los modos improvisados, desprolijos, la falta de técnica y la ausencia de autocrítica hacen que los propósitos fundamentales que dieron vida a este esfuerzo se vayan diluyendo a pasos agigantados.
Ese discurso liberador que prioriza a los desfavorecidos mientras se desintegra la corrupción gubernamental rampante ha demostrado ser eso, sólo un discurso. Hoy vemos más bien una lucha intestina entre quienes aspiran a posicionarse en el escalafón político ante una eventual ratificación de Morena para los próximos seis años. Ejemplo de ello, la ya pública antipatía entre Santiago Nieto, extitular de la UIF de la SHCP y Alejandro Gertz, fiscal general de la República, quienes han sido expuestos en medios de comunicación por supuestas irregularidades en sus declaraciones patrimoniales y el uso de recursos millonarios para la adquisición de bienes personales.
Esta situación exhibe no sólo una pelea interna dentro del partido así como los favoritismos del propio presidente, cuyos colaboradores cercanos que se ven envueltos en “escándalos” personales son arropados (recordemos a César Yañez, de cuya boda el propio López Obrador asistió). Sin embargo, todo lo anterior ocurre en detrimento de las instituciones a las que representan, o representaron, aquellas encargadas de la impartición de justicia y lucha contra la corrupción gubernamental, temas insignia de esta administración.
Si bien mediáticamente se manejan cifras millonarias en ambos casos, se trata de realidades diferentes. En el caso del ex titular de la Unidad de Inteligencia, los recursos personales utilizados se han declarado ante autoridades fiscales y de la función pública, mientras que el listado de presuntas irregularidades y conflictos de intereses pareciera sólo incrementarse para el fiscal Gertz Manero, a quien sistemáticamente el presidente López Obrador busca legitimar ante la opinión pública.
Desafortunadamente, se ha venido elaborando un mensaje político en el que todo aquel que posea recursos y los utilice dentro o fuera de la esfera de influencia del ejecutivo está siendo prácticamente juzgado y sentenciado de ser parte de una “corrupción” que hoy tiene más de mil caras y se moldea discrecionalmente en contra de los personajes más incómodos para la cuarta transformación.
Es fundamental no sólo para la continuidad de Morena en Palacio Nacional sino para la gobernabilidad del país que se adopten posturas conciliadoras desde su interior, que se propicien verdaderos diálogos plurales entre actores e instituciones políticas, más allá de “periodicazos” arteros.
Columna invitada
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