La capacidad de atender y resolver respecto de necesidades sociales distingue a un servicio ciudadano, a un producto empresarial o a una definición programática de gobierno.
La percepción comunitaria respecto de un problema y de la solución ofrecida depende de la capacidad real y demostrable de quienes la presentan. Con independencia de las emociones encontradas, atizadas por los observadores —expertos o no— en relación con los actores políticos a cargo del gobierno, las encuestas y los eventos que congregan a la clase política y empresarial arrojan señales muy claras del predominio de una u otra opinión, aprobación o rechazo.
Todo indica que las acciones de gobierno, a nivel federal y en la capital nacional, están alineadas con las expectativas mayoritarias ciudadanas y son reveladoras de las condiciones constitutivas del entorno de las elecciones del inminente 2022 y anuncian parte de la agenda del siguiente trienio.
También nos revelan la preeminencia de ciertos valores, situados desde una transformación en la forma de relacionarnos con el otro, con la otra. Conocida o desconocido, familiar u opuesta. Más allá de lo político, somos testigos de un nuevo ánimo alimentado por cambios generacionales, la sensibilización tras la pandemia —seremos una generación marcada por esta emergencia sanitaria— y también por una nueva forma de gobernar.
El primer gobierno de izquierda en el país y la primera mujer electa como jefa de Gobierno en la Ciudad de México, en el 2018, pusieron en el centro de relevancia la defensa de los derechos y la igualdad sustantiva.
Lo comprobamos cuando la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, dice en su informe que no se trata del privilegio personal de la educación, sino de que sea un derecho de todas y todos —desde la básica hasta el posgrado—- o no es que ella rompa el techo de cristal, sino que todas las mujeres accedan a su derecho humano a la igualdad sustantiva.
“No es la corrupción, la triquiñuela, el odio, el clasismo (…) No es un asunto solamente de tolerancia, es el reconocimiento de que la profundización de las desigualdades y la discriminación llevará siempre a la violencia”, afirma e ilustra con acciones.
Ya en la capital nacional hay señales claras de construcción de derechos y libertades, que la hacen viable y referente para el resto de las entidades. Acceso a la justicia, movilidad, combate a la corrupción, conectividad y una destacada reducción de los delitos de alto impacto en 41%, entre otros, son los indicadores principales de esta primera mitad del camino.
Las experiencias de colaboración se replican. En Iztapalapa, la alcaldesa Clara Brugada puso en marcha, con los tres niveles de gobierno y la participación del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de CDMX, un programa de seguridad en el transporte público.
La siguiente fase de retos ya está definida; en este tiempo, los informes son prospectivos y responden a una ciudadanía demandante, participativa y solidaria; es signo de transformación. Una ciudadanía sin triquiñuelas.
POR SALVADOR GUERRERO CHIPRÉS
PRESIDENTE DEL CONSEJO CIUDADANO PARA LA SEGURIDAD Y JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
@guerrerochipres
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