Probablemente ésta es la mejor decisión del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. El llamado “decretazo”, que no es otra cosa sino un acuerdo intergubernamental para dar por otorgados los permisos y licencias requeridos para las obras que ha proyectado el presidente, ha causado ámpulas en la última semana, por una sencilla razón: pega en la línea de flotación del obeso aparato burocrático nacional. El ogro está amenazado.
La oposición se equivoca al hacer ver ésta como una acción autoritaria, que atenta contra la transparencia. Se trata del acto desregulatorio más preclaro que ningún gobernante ha tenido en décadas en el país. De hecho, lo que la Iniciativa Privada necesita es justamente eso: acuerdos para elevar el estatus de sus proyectos o inversiones a un rango en el que las regulaciones y requisitos excesivos dejen de entorpecer la ejecución de los proyectos.
Esto lo entendió la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, hace algunos meses cuando lanzó su plan para la reactivación económica de la capital: suspendió las clausuras a las construcciones por parte del Invea y otorgó refrendo automático a trámites realizados ante Seduvi. Algo inimaginable antes, ocurrió de un día para otro: se aniquiló a la burocracia de una cuchillada.
Si los empresarios se alistan, el Consejo Coordinador Empresarial, de Carlos Salazar, debería celebrar el llamado decretazo de López Obrador y solicitar la promulgación de alguna figura jurídica similar para el sector privado. Es urgente la reactivación y la facilitación de los proyectos detonados por la Iniciativa Privada. Recuérdese que en la edición más reciente del reporte Doing Business del Banco Mundial, México aparece en el lugar 60 mundial, con ámbitos totalmente atrasados, en donde aparecemos aún peor, como la obtención títulos de propiedad en los registros públicos (posición 105 mundial); o la tramitación de permisos de construcción (puesto 93).
Resulta increíble que legisladores de PRI, PAN y PRD hablen de una controversia constitucional por el “decretazo” del ejecutivo, y lo quieren revertir. México requiere una desregulación profunda, no sólo en los proyectos del gobierno, sino también en los privados. El Presidente está resultando ser el individuo con mayor claridad diagnóstica sobre los excesos de carga burocrática que han empantanado a México por décadas.
VAPEADORES
Los legisladores Salomón Chertorivski y Alejandra Lagunes están impulsando una nueva regulación para los artículos de nicotina y tabaco (vapeadores), que han estado bajo fuego del gobierno. Su propuesta señala que la Cofepris debe regular los productos; que se respete el derecho de elección para que cada individuo decida si fuma o no; y que se dé certeza para evitar el mercado negro y prohibir la venta de estos artículos a menores de edad.
POR CARLOS MOTA
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MAAZ