COLUMNA INVITADA

Construir infraestructura en democracia

El falso dilema consiste en afirmar que se tiene que elegir entre el desarrollo de infraestructura o el respeto a la Constitución, las leyes y los reglamentos. Esto no es así. Sí es posible desarrollar infraestructura y al mismo tiempo respetar la ley

OPINIÓN

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Fausto Barajas / Colaborador / Opinión El Heraldo de México

En fechas recientes, desde el gobierno de México se ha planteado una falacia y un falso dilema en el sector de la infraestructura.

Primero la falacia. El gobierno dice que le importa la infraestructura, pero ha recortado el  gasto de inversión en casi un tercio respecto a hace una década. Si comparamos la inversión en 2022 con lo que se hacía en 2012, vemos que en infraestructura educativa los recursos cayeron 90 por ciento, en agua es de 70 por ciento, y en comunicaciones y transportes la reducción es de 47 por ciento.

El falso dilema consiste en afirmar que se tiene que elegir entre el desarrollo de infraestructura o el respeto a la Constitución, las leyes y los reglamentos. Esto no es así. Sí es posible desarrollar infraestructura y al mismo tiempo respetar la ley.

¿Por qué falta a la verdad el gobierno? ¿Para qué sacar acuerdos y decretos violatorios de la legalidad? Para ocultar cuatro grandes problemas de sus proyectos de infraestructura:

El primer problema es la mala elección de los proyectos. Por ejemplo, empeñarse en la construcción de una refinería en una zona de manglar, alejada de los centros de demanda de combustibles, en un contexto de menor uso de combustibles fósiles en todo el mundo y financiarla con recursos públicos.

El segundo problema es la falta de preparación de los proyectos. Por ejemplo, el Tren Maya no tiene el proyecto ejecutivo terminado, ni hay evidencia de su viabilidad económica.

Tampoco cuenta con manifestación de impacto ambiental, a pesar de que su trazo pasará por 10 áreas naturales protegidas. Mucho menos tiene un plan para proteger más de 3 mil sitios arqueológicos.

El tercer problema es la capacidad de los funcionarios que están tomando decisiones. El presidente ha expresado que demanda de su equipo 90 por ciento de honestidad y 10 por ciento de experiencia. Pero en obras complejas se requiere 100 por ciento de ambas cosas. En el caso de Santa Lucía, la obcecación del mandatario lleva a plantear dudas sobre las credenciales técnicas de quienes impulsan un aeropuerto al que ninguna aerolínea seria quiere viajar.

El cuarto problema es la falta de seguimiento en la ejecución de proyectos. AMLO y sus funcionarios dedican más tiempo al ejercicio propagandístico matutino, a organizar festivales y a hacer campañas políticas anticipadas, que en coordinarse para resolver los retos que presentan las obras emblemáticas.

Ante la incapacidad gubernamental, el presidente emitió recientemente un acuerdo para considerar sus obras “asuntos de seguridad nacional”. Con esta medida busca eludir la rendición de cuentas, a fin de que no se ventile si se contratan “empresas fantasma” o si se regalan asignaciones directas a los allegados al grupo del poder. Busca también obtener la positiva ficta de todos los trámites y permisos en solo cinco días hábiles, con lo que se vulnera el Estado de derecho.

¿Es posible desarrollar infraestructura en democracia, respetando el Estado de derecho? La respuesta es sí. México ya lo ha hizo en el sexenio 2007-2012.

En esos años se construyó con apego a las leyes ambientales la terminal de Gas Licuado de Manzanillo, donde se tuvieron que adecuar los accesos para no afectar el mangle. La carretera para conectar Jala-Compostela-Puerto Vallarta se diseñó con pasos de fauna y se tomaron todas las medidas para reducir el impacto al ecosistema.

Se construyó la carretera Durango-Mazatlán que, con 61 pasajes subterráneos en su trayecto, supera los túneles carreteros hechos en 200 años en México. Sin contar que tuvo 115 puentes, entre ellos el Puente Baluarte Bicentenario, el más alto del mundo en su tipo.

Se construyó la hidroeléctrica la Yesca, con capacidad de 750 MW y la segunda cortina más alta del mundo en su tipo.

Se hicieron los estudios y se compraron las tierras para construir el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en Texcoco, e incluso se dio la oportunidad que el entonces nuevo gobierno entrante anunciara el proyecto.

Todo se pudo hacer sin necesidad de decretos violatorios de la Constitución. Se requirió de amplio compromiso presidencial, seguimiento oportuno y un gran número de funcionarios con capacidad y honestidad para asumir el reto de desarrollar infraestructura respetando la democracia y el Estado de derecho.

POR FAUSTO BARAJAS CUMMINGS 
ESPECIALISTA EN INFRAESTRUCTURA 
@FAUSTOBARAJAS

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