Se dirá lo que se quiera, pero el hecho es que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador enfrenta un problema externo importante: un déficit de confianza.
Hay, de hecho, preocupación por el Estado de derecho del país, una cuestión nacida con aquel figurativo manotazo en la mesa que determinó acabar con la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM), como primer gran acto de gobierno.
Muy al margen de lo que se piense sobre las razones del entonces nuevo gobierno y del actual debate en torno al costo y capacidades del nuevo aeropuerto sustituto de Santa Lucía, la forma en que se determinó el fin del NAICM introdujo un sentimiento de desazón entre inversionistas que el gobierno López Obrador no ha logrado disipar.
En parte, es culpa propia. La retórica política del Presidente ayuda a hacerlo un formidable líder en México, una condición que es avalada por las encuestas de popularidad. Pero lo que suena bien en los discursos populistas adquiere tonos ríspidos, de incertidumbre, para los oídos de los encargados de preparar planes de inversión.
Esto no es algo que caiga o que pueda caer de sorpresa al gobierno López Obrador. Es una sugerencia que han escuchado ya por años de labios de diplomáticos y enviados asiáticos, norteamericanos y europeos, públicos y privados.
El aviso más reciente provino de Massimiliano Smeriglio, jefe de una delegación del Parlamento Europeo que visitó México la semana pasada.
“Sobre el acuerdo y la cuestión energética, en la escucha que hemos hecho, ya sea de nuestras embajadas o de nuestras empresas europeas, hemos sinceramente registrado un clima de incertidumbre, y para nosotros el tema de la reforma energética es un tema sensible”, dijo Smeriglio.
El legislador de origen italiano fue muy cuidadoso en subrayar respeto a la soberanía y autodeterminación de México, pero también en deslizar expresiones de preocupación sobre lo que desde afuera se ven como decisiones legales retroactivas que afectan inversiones ya hechas y ponen en duda planes de inversión a futuro.
Y antes, durante el Diálogo Económico de Alto Nivel (DEAN) México-EU que se desarrolló el 1' de septiembre en Washington, un alto funcionario estadounidense advirtió "off the record" que "los actores económicos más importantes en México son las empresas estadounidenses" y que "no somos responsables, no podemos obligar a las empresas a invertir", toda vez que es trabajo del gobierno mexicano crear el entorno adecuado para las inversiones externas.
Y eso no implica tanto la oferta de grandes y maravillosas condiciones como la certidumbre, en particular, que sus inversiones y su futuro de sus proyectos están seguros y garantizados por la ley, al margen de que ideología siga el gobierno que haya llegado al poder.
Esa es la condición fundamental que debe abordar el gobierno López Obrador.
POR JOSÉ CARREÑO FIGUERAS.
JOSE.CARRENO@ELHERALDODEMEXICO.COM
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