La semana pasada escribí sobre como la solución hidroeléctrica que ha planteado el gobierno para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero conlleva varios riesgos. Como respuesta, la CFE envió una réplica que confirma algunas de las advertencias del artículo.
Señala que la función principal de las hidroeléctricas de CFE es brindar confiabilidad y compensar las variaciones de energía en el Sistema Eléctrico Nacional debido al aumento indiscriminado de (…) energía intermitente. Pero, afirmando después que “Actualmente el Gobierno Federal determina el control del despacho de las centrales hidroeléctricas atendiendo no solamente criterios económicos, sino también criterios sociales y de seguridad.” ¿Cuál de las dos es? ¿Qué dicen los datos?
De acuerdo con datos de CONAGUA, entre 2016 y mediados del 2019 el porcentaje de llenado de las presas nacionales (NAMO) seguía un comportamiento temporal uniforme. Partía de un mínimo de alrededor de 55% en julio para llegar a un máximo de poco más de 80% a inicios de noviembre repitiendo el mismo ciclo cada año.
Pero esta tendencia parece haberse terminado en 2020. Ese año el mínimo fue de 42% y el máximo 72%. Y en 2021, el mínimo fue de 35% y el máximo, apenas el pasado lunes, de 69%. Esto coincide con un aumento en la generación hidroeléctrica en el último año y medio y con buscar aumentar el despacho de estas centrales por todos los métodos a su alcance. Pareciera que para este gobierno la gestión del agua está subordinada a la generación de electricidad, y no a administrar un recurso vital para la agricultura y el consumo humano.
Pero el problema de este enfoque es incluso más simple que el manejo del recurso hidráulico, se trata de la inversión que necesita un sector tan estratégico como este. Lo que la CFE ha presentado hasta ahora es un plan para invertir 1,000 millones de dólares en modernizar las turbinas de 14 hidroeléctricas para ampliar la capacidad de generación en 240 MW, un incremento de 4% de la capacidad hidroeléctrica instalada. La CFE sabe perfectamente que es prácticamente imposible hacer nuevas presas por las problemáticas sociales que implican. La inversión mencionada más el proyecto de una central fotovoltaica de 1000 MW en Sonora, aunque bienvenidas y necesarias, están muy lejos de los 19,000 MW adicionales que el sistema necesita de acuerdo con el PRODESEN.
La obsesión nacionalista y estatista que impera en la dirección de la CFE nos esta encaminando a un escenario de subinversión en un sector fundamental -a pesar de declaraciones, la propuesta de presupuesto enviada al congreso no tiene ningún aumento significativo en la inversión de CFE. La discusión sobre la contrarreforma eléctrica y sus implicaciones debe ir más allá de culpar a administraciones pasadas y descalificaciones; debe estar sustentada en datos. Las consecuencias para la economía, el empleo y el medio ambiente, que quizá no veamos mañana, pero si en 10 años ameritan una discusión seria.
Por: Jorge Andrés Castañeda