Existen fenómenos que se encuentran en nuestra naturaleza, que influyen considerablemente y, respecto de los cuales, en “diversas ocasiones” actuamos de manera intuitiva y espontánea, sin reflexionar y analizar el contexto y las implicaciones de cada asunto y relación social. De las cuestiones cotidianas, y menos en conciencia, está “el poder” del ser humano a cada momento y situación.
Cuando se trata de la vida pública parece más evidente y es natural porque se trata del poder legitimado ante la sociedad. Juzgar es de los poderes más importantes no sólo porque es la cristalización de la justicia sino porque define la vida de cada ser humano. Claro que el tema central está en la justicia, la objetividad y, por lo tanto, dar a quien lo que le corresponde, ¿de manera perpetua? Ojalá algún día y en alguna sociedad.
Se tiene claro, desde la división tripartita del poder y sus múltiples revisiones durante más de dos siglos que los poderes Ejecutivo y Legislativo gozan de un carácter, envergadura y actitud política. Dicha cuestión es sana, y prácticamente, en lo general, indiscutible, más allá de las ideologías y los sesgos que siempre es factible que existan, cuando se trata de la vida en el Estado, así como los diversos sistemas. Motivo de especial polémica es y seguirá siendo “la política” en el juzgador.
Hoy por hoy, se pone en la opinión pública en atención y reflexión el propio papel político de quienes ejercen la función jurisdiccional. Nos resulta muy claro que el aspecto central se ubica en la indiscutible necesidad de que aquel que juzga lo haga con objetividad e imparcialidad. Es indiscutible que el criterio de aquel que juzga siempre tendrá capacidad de influir en la vida de los seres humanos y así, en un sentido muy amplio, ejerce un papel político, en mayor o menor medida.
La propia imagen de la diosa Themis se nos muestra con los ojos vendados y sosteniendo desde el fiel a la balanza. Por ello, siempre será asunto de riesgo la influencia de las tendencias del poder en aquel que juzga.
Lo que resulta indiscutible es que, lo que no podría (no debería) influir en el actuar del juzgador, es interés que pudiera favorecer algún grupo, segmento, persona o agrupación alguna, porque en ese momento se ubican en un conflicto de interés que no sólo desdeña la función jurisdiccional, sino que, además, quiebra, en diversos sentidos, la función del Estado.
Lo que es indiscutible es que ningún integrante del Poder Judicial debe someterse a la política (al interés público), sin que ello signifique que el juzgado no goza de un papel político. Decir el Derecho es ejercicio del poder del Estado, en uno de los aspectos más delicados en todo tiempo.
Una cuestión que en ocasiones no nos atrevemos a reconocer es que el juzgador debe contar con sensibilidad y conciencia social y, en tal sentido, es una agente del poder, en una expresión sana y diáfana, precisamente, porque en su naturaleza está el que no tenga subjetivismo y, e insiste, ni interés personal. Es evidente que en la tendencia de los individuos existirá el peligro del apasionamiento personal, que en alguna medida pudiera ser tan riesgoso como el propio interés personal o de grupo. Enaltecer y dignificar el papel de aquellos que participan del poder jurisdiccional es pieza cable en la vida de cada Nación. Sistema judicial sano indispensable para un Estado sano.
POR ENRIQUE QUIROZ ACOSTA
ABOGADO Y COLABORADOR
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