De manera vergonzosa, los diputados federales aprobaron un gasto para educación básica que no responde a las necesidades de las escuelas. No sólo porque fue grotesco ver el regreso de la famosa línea presidencial, que tanto nos molestaba de los priistas, sino porque parecen no darse cuenta del daño que esto produce en las escuelas de aquellos a quienes, en el discurso, dicen defender.
En los últimos tres años, el Ejecutivo federal ha dejado de invertir 21 mil 982 millones de pesos en escuelas de educación básica. Hemos calculado que a 37 mil 510 escuelas les robaron dichos recursos. La progresividad de derechos humanos lleva implícita la progresividad de medios que los garantizan.
En 2018, año de referencia, las escuelas con graves problemas de rezago educativo y con ambientes poco propicios para el aprendizaje recibían 13 mil millones de pesos. A partir de 2019, comenzaron a tener recortes o fueron desapareciendo. Escuelas de Tiempo Completo recibió menos recursos en 2019 y 2020, y desapareció en 2021. Los mismo ocurrió con el Programa Nacional de Convivencia Escolar. Los programas para la Atención a la Diversidad de la Educación Indígena y de Atención Educativa de la Población Escolar Migrante desaparecieron también en 2021. Y lo mismo pasó con el de Desarrollo de Aprendizajes Significativos de Educación Básica.
Estos programas son especialmente importantes por dos razones: porque benefician a las escuelas que atienden a NNJ indígenas, de zonas rurales y en alta marginación donde fueron afectadas 73.9% de las escuelas (27 mil 770). Y porque son recursos que buscan fortalecer la capacidad pedagógica de las instituciones educativas.
La decisión de hacerlo tiene la forma de robo, porque de sorpresiva, silenciosa e impune. Esperamos la ampliación de aquellos que mostraban impactos positivos. Desaparecerlos intempestivamente debe ser excepcional, porque trastoca las relaciones de aprendizaje que niñas, niños y jóvenes realizan dentro del aula. Los diputados no sólo validaron tal robo, sino que, lejos de indignarse, se vieron felices de acatar la instrucción presidencial.
Esta situación es doblemente preocupante, pues la mayoría de estas localidades quedaron fuera del aprendizaje por problemas de conexión a internet, cobertura televisiva y acceso a radio en lengua originaria. Ahora, para 2022, no contarán con los refuerzos necesarios para superar más rápido los rezagos en aprendizaje; es decir, continuarán siendo excluidos de su derecho a la educación.
Hoy estamos frente a una nueva realidad, en la que los derechos educativos de millones de niñas, niños y jóvenes han sufrido un grave retroceso, y en algunos casos se han suspendido. Miles de escuelas continúan cerradas y muchas más comunidades escolares siguen fragmentadas o enfrentan dificultades para su operación. Si no tomamos las medidas necesarias, México no logrará una reactivación educativa sólida y se agravarán los rezagos, las brechas y la exclusión.
POR FERNANDO RUIZ
DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN EN MEXICANOS PRIMERO
@FRUIZ_RUIZ
MAAZ