Siempre hay una relación directa entre un gobierno de un país que se apoya demasiado en la fuerza militar para realizar tareas civiles, y la erosión democrática que este hecho produce.
La historia es muy clara y está plagada de líderes de Estado que sucumbieron a la tentación de, poco a poco, suprimir derechos civiles, tomar atajos legales para hacer justicia y paulatinamente suprimir libertades individuales. Es muy fácil cruzar la línea de la seguridad pública y la represión política.
Andrés Manuel López Obrador construyó su candidatura desde la izquierda mexicana con la bandera de la pacificación del país como estandarte. Tardó más en reclamar a los gobiernos en turno el uso excesivo que le daban al Ejército, que en cambiar de opinión incluso antes de llegar a la presidencia.
No sólo no ha conseguido pacificar al país, sino que lo ha militarizado más que en años anteriores. Desde el inicio de su administración, se han aprobado más de 20 iniciativas legislativas que avalan el uso de la fuerza militar para cada vez más tareas civiles.
El presupuesto que destina la federación al Ejército, así como sus responsabilidades, siguen creciendo. No ha crecido así el estándar de transparencia de las fuerzas castrenses para con la sociedad civil.
Son el ajonjolí de todos los moles. El Ejército bien defiende al país de amenazas externas, bien se involucran en labores policiacas y de investigación; bien se involucran en programas de salud, en la reforestación de los bosques o la aplicación de programas sociales. Sin dejar de mencionar que también sirven hoy para construir aeropuertos, casas, trenes y hasta se encargan de bancos. Poco falta que se encarguen directamente de las elecciones.
De las 246 tareas civiles que el Ejército realiza, en por lo menos 140 de ellas manejan recursos públicos de manera discrecional. No hay manera de que los ciudadanos sepamos cuánto gastan, cómo gastan y si existen irregularidades en el uso de esos recursos.
Ningún país desarrollado involucra tanto a su ejército en el desarrollo económico y productivo de la sociedad. Sí lo hacen los países con regímenes totalitarios, estancados en su desarrollo y sumidos en la violencia social.
Para construir economía están los ciudadanos: millones de emprendedores quienes sólo buscan un poco más de oportunidades para poder prosperar. Para el desarrollo social del país está la misma sociedad y miles de organizaciones, que aportan un cambio positivo en sus comunidades, pero se les cortaron recursos por una supuesta corrupción, que como ya es costumbre en este gobierno, hasta ahora no ha sido comprobada.
Ningún Ejército en el mundo ha resuelto nunca la desigualdad social, tampoco los problemas de salud pública, pero en México eso no importa. Porque somos el país donde se sacrifica el desarrollo económico por el control político, que no es lo mismo que gobernabilidad.
A pesar de que, en los hechos, la Secretaría de la Defensa está encargada de la Seguridad Pública del país, casi la mitad del territorio nacional está controlado por el crimen organizado. Existen ciudades y regiones enteras más inseguras que las peores zonas de guerra que existen en el mundo.
La estrategia que tanto se criticó, es la misma que se implementa. Y peor. El país está más militarizado que nunca pero la violencia no cede. El estandarte de aquel candidato a la presidencia hoy muestra sus verdaderos colores: Se trata de control, no de pacificación.
POR GEORGINA TRUJILLO
COLABORADORA
@GINATRUJILLOZ
PAL