La política es una lucha constante por articular voluntades y conseguir objetivos de gobierno. En ese torbellino diario de acontecimientos muchas veces inesperados, la capacidad del dirigente de responder rápida y certeramente al desafío planteado lleva consigo el destino de su vida como político y de su propuesta de país a construir.
Corrupción y reforma eléctrica se han convertido en el eje a través del cual López Obrador tiene puestos los ojos sobre la forma de darle continuidad a la llamada 4T, más allá del sexenio que termina en un poco menos de tres años. Para ello eligió como fichas de presentación a dos personajes, cada uno con distintas funciones pero con el objetivo común de darle viabilidad a sus temas prioritarios.
Emilio Lozoya apareció como el gran descubridor de la trama corruptora de la administración Peña Nieto, por lo cual le fue brindada la protección debida y la impunidad total para que fuese entregando uno a uno, a las grandes cabezas de los sucios negocios del gobierno anterior. Pero el farsante domador de serpientes no tenía en las manos absolutamente nada. Castillos de humo, argumentos al gusto de los solicitantes, pero ninguna prueba de una presunta corrupción que existe, pero no puede demostrar tan fácilmente.
El otro personaje que consiguió alinearse a los deseos del Presidente fue Manuel Bartlett. Político formado en el arte de la política priista de utilizar el lenguaje al gusto del mandatario en turno, Bartlett armó una reforma eléctrica que pretendió al mismo tiempo regresar el negocio a manos del Estado, vendiendo la idea de que los privados seguirían participando en él, sólo que bajo condiciones más justas para la nación.
La verdad es que se trata de un esquema de centralización total de la industria eléctrica que cancela la inversión privada y afecta a todos aquellos que apostaron por la apertura y la competencia en la producción de electricidad. La oposición interna parecía no preocuparles a sus impulsores, pero el pintoresco embajador norteamericano Ken Salazar fue lo suficientemente explícito como para obligar a las autoridades mexicanas a echar para atrás el proceso legislativo y posponerlo para el mes de abril.
Dos errores de cálculo de un gobierno que carece de una estrategia política basada en datos reales y demostrables, para sobre de ellos elaborar objetivos de gobierno. Así, tanto el tema de la corrupción como el de la reforma eléctrica seguirán siendo grandes movilizadores electorales para una base social que responde positivamente a los mensajes del caudillo; sin embargo, como formas reales de reducir la corrupción y generar energía más limpia y barata, las dos propuestas son errores monumentales.
POR EZRA SHABOT
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